Justicia, transparencia y austeridad, principios que rigen el actuar del Poder Judicial de Michoacán: Marco Antonio Flores Negrete

· En un acto de rendición de cuentas se presentó el informe de actividades 2017

Morelia, Michoacán, 15 de febrero de 2018. “Michoacán cuenta con una judicatura que está firmemente comprometida con los valores y principios que constitucionalmente le dan base y estructura”, afirmó Marco Antonio Flores Negrete, presidente del Poder Judicial de Michoacán, al presentar el informe 2017 del estado que guardan la impartición y administración de justicia.

El acto de transparencia se realizó ante los plenos del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, así como del gobernador del estado Silvano Aureoles Conejo, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local Nalleli Julieta Pedraza Huerta, juezas y jueces de la institución, entre otras personalidades.

Durante su mensaje, el magistrado expresó que el trabajo realizado en 2017 lo resumen tres conceptos básicos: justicia, transparencia y austeridad. “Las acciones constatan el esfuerzo de una judicatura que, ante el incremento de las cargas de trabajo y la complejidad de las controversias planteadas, actúa a fin de prestar un servicio de justicia pronta, expedita y de calidad”.

Al hablar de las funciones y atribuciones de la institución, especificadas en la Constitución, mencionó que la potestad jurisdiccional no tiene otra fuente que la soberanía popular y la autoridad del Estado, y se configura en torno al Pacto Federal, originando el federalismo judicial, el cual “implica la optimización de los mecanismos procesales y una asignación presupuestaria que permita a los tribunales contar con el personal suficiente y la infraestructura adecuada a la creciente esfera de competencias”.

Añadió que la ampliación de responsabilidades -mandatada por el legislador- se observa en la justicia integral para adolescentes, el sistema de justicia penal acusatorio y oral cuya total consolidación está pendiente, los medios alternos de solución de controversias, el nuevo marco normativo en materia familiar, así como en la próxima entrada en vigor de las reformas de carácter mercantil y laboral. Por ello, hizo hincapié en la importancia de incluir en la norma local un porcentaje fijo para el Poder Judicial, así como establecer los mecanismos administrativos pertinentes para la ágil transferencia de los recursos financieros que le son asignados.

Si el legislador, a través de las reformas al ordenamiento jurídico, afirma que la instancia jurisdiccional es la adecuada para recomponer el tejido social, debe proveer los medios para la implementación de tales expectativas; pues asignar funciones al Poder Judicial sin el respaldo presupuestario suficiente para llevarlas a cabo, es condenarlas al fracaso o al servicio deficiente.