martes, 16 de junio de 2020

Corte debe dar claridad sobre las funciones militares en materia de seguridad pública: Antonio Soto

Corte debe dar claridad sobre las funciones militares en materia de seguridad pública: Antonio Soto

-Nuestras fuerzas armadas han padecido el costo público de asumir tareas que por ley competen a las autoridades civiles

La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe dar claridad sobre las funciones militares en materia de seguridad pública, de manera que las decisiones políticas del Gobierno Federal no vulneren a nuestras fuerzas armadas, apuntó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador señaló que nuestras fuerzas armadas han padecido en el pasado el costo público de asumir tareas que por ley, competen a las autoridades civiles y que al ser éstas incapaces de asumirlas, echan mano del Ejército y la Marina dejando que éstos carguen con responsabilidades ajenas.

“Hoy vemos nuevamente a un Gobierno Federal rebasado, extraviado y sin una política de seguridad clara, que pretende abdicar de sus responsabilidades confiriendo nuevamente a nuestras Fuerzas Armadas una responsabilidad que no le corresponde”.

Por eso Soto Sánchez celebró que el gobernador Silvano Aureoles Conejo promoviera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional, que permita que el máximo órgano de justicia en el país, clarifique al titular del Ejecutivo Federal el margen de competencias en materia de seguridad pública, y de las responsabilidades de Ejército y Marina en México.

“Mientras permanezca en el cargo, el titular del Ejecutivo Federal no puede abdicar de las responsabilidades que le mandata la Constitución pretendiendo que otros las resuelvan, tampoco puede permitirse que siga pasando por encima de las atribuciones que tienen otras autoridades”.

Antonio Soto Sánchez apuntó que el decreto emitido por el titular del Ejecutivo Federal por el que se busca normar las actividades de militares y marinos en tareas de seguridad pública hasta el 2024, es el ejemplo fehaciente de la incapacidad de su administración para hacer frente a sus responsabilidades en la materia.
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