POSICIONAMIENTO EN LA CEREMONIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL QUINTO INFORME DE GOBIERNO

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2020.

• Ing. Carlos Herrera Tello, Secretario de Gobierno, representante del Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán.

• Lic. Héctor Octavio Morales Juárez

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial.

• Compañeras y compañeros diputados de esta Septuagésima Cuarta Legislatura.

Vengo ante esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, para fijar posición en torno al Quinto Informe de Gobierno entregado ya, a esta Soberanía por el Ejecutivo del Estado.

En las condiciones habituales hasta hace algunos meses, el discurso sería muy similar al que se estructuraba año tras año y en el que las fuerzas políticas, dependiendo de su papel como oposición o partido en el gobierno, se hacía una apretada síntesis y una puntual crítica o defensa de lo informado, de los logros, de los avances, de los retrocesos y de los rezagos en las diversas áreas del quehacer gubernamental.

Es indudable que Michoacán, no es hoy el mismo que hace 5 años, así que éste no es el análisis de un informe en un año cualquiera, se inserta en el contexto de una gran crisis de dimensión mundial, provocada por la pandemia de Covid-19, sin duda la más grande calamidad que ha vivido el ser humano después de la Segunda Guerra Mundial con la que el mundo arrancó este año, y en la que nuestro país, se ha visto también severamente afectado, prueba de ello son las más de 800 mil personas contagiadas y las casi 90 mil que han fallecido.

En México, no sólo nos ha golpeado la crisis sanitaria, lo han hecho también y no con menor impacto, las crisis política, económica y social. La política caracterizada por un proyecto impulsado desde la titularidad del Poder Ejecutivo, que intenta restaurar un hiperpresidencialismo autoritario, corporativo y clientelar, a través de la concentración del poder, del dinero y de todos los recursos con que cuenta el Estado Mexicano, precisamente en la Presidencia de la República.

Las crisis sanitaria y política actúan en consonancia para agravar otras más: la económica, provocada por el freno abrupto y caída de la actividad económica, en sus vertientes de oferta y demanda ante el avance del virus SARS-CoV-2 y la social que la pandemia ha ahondado, dejando ver nuestras graves carencias en las esferas de la seguridad social, en la salud pública, en la educación, vivienda, en el acceso a servicios básicos, entre otras muchas carencias sociales más.

No cabe duda que la crisis política ha provocado, en plena pandemia uno de los peores escenarios para la toma de decisiones públicas, altos niveles de polarización social, incertidumbre, reflejos lentos y tardíos para reaccionar como Estado Nacional ante los problemas de salud, económicos y sociales que la pandemia ha exacerbado, con recursos siempre limitados.

El federalismo mexicano entró en crisis. Asuntos sin resolver durante mucho tiempo se han agudizado por la pandemia. Ha quedado demostrado que el pacto federal actual no es un instrumento adecuado para procesar la pluralidad y más bien, su ineficacia anula la diversidad que debiera darle cauce y gobernabilidad a un país cultural, geográfica y socialmente heterogéneo y a una población con distintas ideologías, valores y preferencias políticas. No basta con tres autoridades legitimadas que ejercen el poder en un mismo territorio, se necesita además que sus responsabilidades sean inequívocas y sus competencias distinguidas claramente en la Constitución y las leyes y que cuenten además con las capacidades administrativas y financieras que les permitan cumplir sus responsabilidades bajo mecanismos democráticos de control, con contrapesos y rendición de cuentas en cada ámbito de gobierno.

La pandemia y el proyecto restaurador de la presidencia imperial, han generado tensiones entre la federación y los estados pues se han echado a andar, por parte de aquella, reformas y programas que centralizan aspectos de los servicios públicos como educación, salud y seguridad pública; ha disminuido los recursos que transfiere a los gobiernos locales e introducido nuevos actores como los “superdelegados” y “servidores de la nación”. Es evidente que el pacto fiscal vigente atraviesa una crisis de legitimidad y, tal y como lo ha manifestado el gobernador de nuestro estado, Silvano Aureoles Conejo, es urgente revisarlo pues el arreglo federal actual, no solo no propicia la coordinación sino que genera además una insuficiente capacidad recaudatoria y administrativa de los gobiernos estatales que es utilizada como pretexto para centralizar instituciones, recursos y atribuciones, desde la seguridad pública hasta la promoción turística.

El disfuncional arreglo federal comenzó a mostrarse, con toda su crudeza, a partir de marzo, cuando la magnitud de la pandemia empezaba a vislumbrarse y se hizo evidente que nuestro federalismo está poco equipado para enfrentar esta contingencia y sus consecuencias económicas y sociales.

La acción del gobierno durante la epidemia, exige la emisión de normas y reglas que le permitan atender una situación extraordinaria y, sobre todo, claridad en la ejecución de las políticas de emergencia, flexibilidad y coordinación entre todas las instituciones del Estado. Esto no ha sido así por qué no se han utilizado, al menos con la contundencia debida, las atribuciones y los instrumentos que la Constitución y la ley General de Salud ponen en manos del ejecutivo para enfrentar contingencias como la emergencia sanitaria actual, generando a través del Consejo de Salubridad General las políticas públicas y los ordenamientos jurídicos pertinentes ya que éste es la máxima instancia sanitaria del país y el dispositivo constitucional para unificar los criterios y las acciones gubernamentales.

Ante esta anomia, no puede negarse que el gobierno del estado reaccionó de manera activa a los desafíos que impone la emergencia y con recursos propios limitados y escasos, dispuso de un abanico más amplio que la federación respecto a tipos de instrumentos, poblaciones atendidas y esquemas de colaboración, así como políticas de comunicación social más enérgicas y congruentes que las federales para enfrentar la pandemia.

Ante las recomendaciones de los expertos en epidemiología de tomar medidas para favorecer el distanciamiento social, la higiene personal y el uso de cubrebocas, el ejecutivo estatal actuó con prontitud imponiendo en forma inmediata medidas de precaución sanitaria, confinamiento, suspensión de eventos masivos, suspensión de actividades como las escolares que se dieron incluso antes que a nivel federal, o decretos, algunos de ellos calificados en un principio como inconstitucionales aunque su constitucionalidad fue ratificada por el poder judicial, que obligaban al distanciamiento y el uso de cubrebocas y disminuían la movilidad de las personas, filtros sanitarios en los límites con otros estados, todo ello con el fin de aplanar la curva de propagación y contagio.

El sistema estatal de salud se vio fortalecido mediante un proceso que ya se venía dando desde el inicio de la actual administración, la dignificación, construcción y recuperación de unidades médicas, algunas de ellas abandonadas durante más de diez años y que no consistía en otra cosa que en dotarlas de la infraestructura, equipo, medicamentos e insumos y recursos humanos para cumplir sus funciones al menos con lo mínimo indispensable. Mención especial merece la regularización de cientos de trabajadores de la salud que venían trabajando en condiciones precarias, con ello, se les dio seguridad laboral, las prestaciones de ley para ellos y sus familias y la mejoría hasta en un 60% de sus ingresos, era una vergüenza tener trabajadores de salud sin acceso a la seguridad social.

La puesta en funciones del único Centro de Inteligencia en Salud que existe en el país y que es útil, entre otras muchas cosas, para dar seguimiento en tiempo real al avance y comportamiento de la pandemia en el estado, servir como fuente de información para la toma de decisiones y evaluación de la eficacia de las acciones emprendidas contra el virus, representa un salto cualitativo en la atención de la salud de los michoacanos. Mientras a nivel federal se recortan los recursos destinados a ciencia y tecnología, el gobierno del estado destinó más de 5 millones de pesos a este rubro en la UMSNH en el contexto de la pandemia.

Solo en acciones de salud para combatir la pandemia se utilizaron casi cuatro mil millones de pesos, lo que representa casi el 5.5 % del presupuesto estatal y es una cifra similar a la disminución de recursos federales para nuestro estado que se propone en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

La segunda recomendación, la de los expertos en macroeconomía de la salud, es la de tomar medidas para mantener vivas a las empresas productivas, sobre todo las más pequeñas y brindar a los trabajadores de estas los medios indispensables para su subsistencia. Es por ello que se generaron a través de las dependencias del gobierno del estado, medidas que incluyeron facilidades y estímulos fiscales, paquetes económicos y apoyos sociales con estos objetivos dentro de los que destaca el programa Michoacán Alimenta. Con ello se coadyuva con base en las capacidades financieras del estado, al mantenimiento de nuestra planta productiva, el empleo y el bienestar social.

Hoy el Gobierno del Estado es aprobado por casi 7 de cada diez michoacanos por su manejo de la pandemia, lo que lo sitúa entre los mejores calificados por la ciudadanía en este rubro, superando por casi 18 puntos porcentuales en este ámbito al gobierno federal.

Sin embargo, se avizoran tiempos difíciles, pues en un momento no ordinario como es el de la pandemia y en el que se requieren recursos extraordinarios para combatirla, de ser aprobado el PPEF 2021 en los términos en los que fue propuesto, Michoacán sufriría una merma de alrededor de 4300 millones de pesos al eliminarse fondos como el de infraestructura social, el de Fortalecimiento municipal, el de fortalecimiento de la seguridad, el de las escuelas de tiempo completo, entre otros, esto afectaría tanto al gobierno estatal como a los de los municipios privándolos de recursos para obras de infraestructura carretera, de saneamiento, de agua potable, de seguridad entre otras materias. Este recurso equivale a todo el presupuesto en salud del estado. Por si esto fuera poco y en lo que respecta a la extinción de fideicomisos ya aprobada en la Cámara de diputados y turnado el asunto a los senadores, Michoacán dejaría de percibir casi 300 millones de pesos que hoy son útiles para atender y prevenir la violencia contra la mujer; atender la salud y medicamentos para población sin seguridad social laboral, calidad en la atención médica; control de sobrepeso diabetes y obesidad; vigilancia epidemiológica; bienestar integral de los pueblos indígenas y programas de estancias infantiles, ciencia y tecnología, fondos metropolitanos, entre otros.

Exhortamos desde esta tribuna a los diputados federales, en especial a los de nuestro estado para modificar el PPEF y evitar este trato injusto para los michoacanos. Exhortamos a los senadores para que den marcha atrás en el proceso de extinción de fideicomisos aprobado por la Cámara de diputados.

Vivimos un cambio de época, marcado por profundas crisis, la más grave crisis sanitaria en más de un siglo; el inicio de lo que será una recesión económica, quizás más profunda desde la del 1929. En lo político el avance de un proyecto restaurador del presidencialismo sin contrapesos que vivimos durante casi todo el siglo pasado. Quizás no hay culpables de la tormenta, pero si hay responsables de la conducción del timón, de lo que hagamos o dejemos de hacer ahora, dependerá el futuro de varias generaciones de michoacanos y mexicanos.

Por su atención, gracias.