Lupillo Aguilera demanda a Federación dejar de atacar a órganos autónomos y cumplir con Ley de Transparencia

-Mientras no se modifique o desaparezca ese ordenamiento, todo ente público está obligado a acatarla

- Reiteró su exigencia de que se transparente toda la información relativa a las vacunas, incluidos los contratos para su compra

El Vicecoordinador del GPPRD en la Cámara de Diputados, José Guadalupe Aguilera Rojas, exigió al Gobierno Federal acatar la Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en lugar de encubrir su opacidad con ataques a los órganos autónomos facultados para garantizar este derecho de la ciudadanía.

Le insistió en particular, transparentar la información relativa a las vacunas contra el Covid 19 y los contratos con las empresas proveedoras de las mismas, pues claramente es información de interés público por ser relevante y beneficiosa para la sociedad, por lo que debe apegarse al principio de máxima publicidad.

El legislador federal por Michoacán le recordó al Gobierno Federal que, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información en su poder debe ser pública, completa, oportuna y accesible, y que aún cuando se prevén excepciones, éstas no son aplicables a temas sanitarios.

En particular, Lupillo Aguilera destacó que el artículo 70 de la misma obliga a toda entidad pública transparentar, entre otros, los contratos y convenios, así como procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza que den lugar a tales contratos y convenios.

Agregó que, si bien la misma Ley reconoce supuestos de reserva y confidencialidad incluidos en otras normas jurídicas, también advierte que éstas deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General de Transparencia y que en ningún caso podrán contravenirla.

En todo caso -agregó-, el Gobierno Federal está obligado a demostrar que la divulgación de la información relativa a la compra de las vacunas provocaría algún daño a la sociedad mexicana, lo que ha omitido hasta el momento, claramente porque no es así y por sus muy particulares intereses políticos y electorales.

Aguilera Rojas también se refirió a los casos en que la información puede clasificarse como reservada, según el artículo 113 de la mencionada Ley, para demostrar que el Gobierno Federal incumple este ordenamiento jurídico.

De acuerdo con dicho artículo, la información puede reservarse cuando comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; cuando pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales, o cuando se entregue al Estado mexicano, expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, todo lo cual no sucede en el caso de las vacunas, por lo que es improcedente clasificar esa información como reservada.

El parlamentario perredista consideró claro que al Gobierno Federal no le importa lo que estipula esta ley, como lo ha evidenciado en múltiples ocasiones el mismo Presidente Andrés Manuel López Obrador, no obstante lo cual está obligado a cumplirla en tanto no desaparezca o se aprueba otra.

Propuso a todo órgano garante del acceso a la información pública, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), haga uso de sus facultades e intervenga en este caso para que el Gobierno Federal cumpla sus obligaciones.