MORELIA 29/03/21
Columna: Gobernanza criminal y elecciones 2021
Opinión/Lorena Cortés
Morelia,Mich.-29 de Marzo de 2021.-Abrir
un espacio para la reflexión y discusión sobre como grupos criminales no solo
buscan ejercer el control del territorio a través del monopolio de la
violencia, más aún, buscan imponer con
plomo a sus candidatos de cara a las elecciones más grandes en la historia del
país.
En la lógica de la gobernanza criminal, estos grupos
van más allá de maximizar sus ganancias económicas y la diversificación de su
mercado criminal. Varias investigaciones periodísticas han documentado la
infiltración de los grupos criminales en los gobiernos y economías locales,
buscando generar así controles sobre la población civil, la actividad económica
y la vida política. De tal modo que establecen regímenes de gobernanza criminal
o controles de facto que dichas organizaciones ejercen sobre la población
local, los gobernantes y sus territorios en cuanto a la política, economía y
organización social.
Es pues, bajo esta lógica de la gobernanza criminal,
que hemos visto cada vez más la presencia del crimen organizado en procesos
electorales en las ultimas décadas en México.
En el pasado proceso electoral, 2017 – 2018, 152
políticos y 371 funcionarios fueron asesinados, de acuerdo con el Indicador de
Violencia Política de la consultora de
análisis de riesgos Etellekt. Según
Carlos Rubio gerente de riesgo político en Integralia en este proceso 2021, van
17 aspirantes a cargos de elección popular asesinados. Siete de Morena, cuatro
del PAN, dos del PRI, uno de Movimiento Ciudadano, uno del PRD, uno de Redes
Sociales Progresistas, y uno de Fuerza por México. Cuatro eran mujeres.
Según la titular de la Secretaria de Seguridad Pública
y Protección Civil, Rosa Ícela Rodríguez del Gobierno de la República Michoacán
esta identificado como una de las entidades de alto riesgo de que las y los
candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia en este periodo
electoral.
Frente a lo que se vaticina un escenario muy complejo
las autoridades de los ordenes de gobierno tendrán que garantizar la seguridad
de los y las aspirantes a los diferentes cargos de elección.
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