Comisión de Administración, encargada de controlar, dirigir y vigilar las funciones de administración y finanzas del PJM, realiza sesión ordinaria
+ Sus integrantes se dieron cita para tratar asuntos de su
competencia
Morelia, Michoacán, 19 de enero de 2022. La Comisión de
Administración del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, encargada de
controlar, dirigir y vigilar las funciones de administración y finanzas, llevó
a cabo la primera sesión ordinaria del año judicial 2022 en la Presidencia del
Palacio de Justicia del Centro Histórico.
Quienes la integran, encabezados por el consejero presidente
Héctor Octavio Morales Juárez, se dieron cita para resolver los asuntos de su
competencia, mismos que se encuentran establecidos en el Reglamento de dicho
órgano permanente, publicado en www.poderjudicialmichoacan.gob.mx
Entre sus atribuciones, se encuentra proponer al Consejo la
creación de plazas, órganos, áreas o dependencias, según las necesidades de
trabajo y de acuerdo con el presupuesto; sugerir la adquisición de bienes y
servicios necesarios en la institución; así como implementar medidas de
seguridad e higiene aplicables en las áreas de trabajo.
La Comisión tiene reuniones ordinarias y extraordinarias
convocadas por su presidente y los acuerdos en éstas se toman por mayoría de
votos de sus integrantes, quienes no pueden abstenerse de votar, salvo
impedimento legal. En el supuesto de que uno o más prescinden de votar, el o
los asuntos serán resueltos por el Pleno del Consejo.
El Archivo Judicial y el Histórico dependen de este órgano
permanente; en el primero se depositan, en inventario documental y mediante
clasificación archivística, los expedientes y documentos remitidos por el
Consejo, las salas, los juzgados y el Departamento de Responsabilidad Oficial;
es obligación del titular el proponer, mediante dictamen fundado y motivado,
los expedientes susceptibles de ser destruidos por carecer de valor histórico.
En cuanto al Archivo Histórico, se encarga de la
conservación de documentos que son de interés para el Estado, por haberse
asentado en ellos un precedente judicial con valor histórico. Una de las
funciones de su titular es plantear a la Comisión que autorice iniciar el
trámite de la declaratoria de patrimonio documental, cuando así proceda.
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