Legislación adversa y abandono institucional, barreras que enfrenta el cooperativismo en México
Por: Alejandro Martínez Castañeda
A pesar del discurso oficial que reconoce al cooperativismo como una vía para el desarrollo económico y social sostenible, los hechos demuestran una realidad alarmante: el sector cooperativo en México atraviesa una profunda crisis estructural, impulsada por la fragilidad legislativa, el abandono institucional y la desaparición progresiva de las políticas públicas de fomento.
Según el análisis del reconocido especialista Juan José Rojas Herrera, titulado “Legislación y políticas públicas de fomento cooperativo en México”, incluido en el libro “Evolución del sector cooperativo entre los Años Internacionales de las Cooperativas 2012-2025”, la legislación cooperativa mexicana ha seguido cuatro tendencias negativas a lo largo de su historia:
· Elaboración de normas impuestas de forma jerárquica, sin participación efectiva del movimiento cooperativo.
· Ausencia de una traducción legal de los principios y valores cooperativos.
· Enfoque en el control y la supervisión por encima del fomento.
· Sesgo mercantilista en sus disposiciones normativas, que limita la expansión del modelo.
Lo anterior ha generado una legislación que mantiene una relación de dependencia y subordinación entre el Estado y el sector cooperativo, obstaculizando la consolidación de un derecho cooperativo autónomo.
Este marco legal deficiente ha venido acompañado de un claro desmantelamiento institucional, cuyo ejemplo más claro es el caso del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). Rojas Herrera refiere que entre 2013 y 2024, esta institución —clave para el impulso del Sector Social de la Economía (SSE)— ha sufrido una reducción sistemática de su capacidad operativa:
· Reducción de personal: De 900 empleados en 2013 a solo 437 en 2024.
· Recorte presupuestal: El presupuesto del INAES en 2024 fue un 90 % menor al que tenía en 2013.
· Pérdida de infraestructura: Tras los recortes derivados de la pandemia, el INAES tuvo que abandonar su sede en la Ciudad de México, y sus delegaciones estatales fueron reubicadas en oficinas de la Secretaría del Bienestar, sin instalaciones propias.
· Silencio institucional: El Consejo Consultivo del INAES —único espacio formal de diálogo entre el gobierno y las organizaciones cooperativas— no se ha reunido desde diciembre de 2018.
El estudio del especialista sostiene que, aunque el ”Programa de Fomento a la Economía Social (2021–2024)” existió en papel, nunca fue considerado prioritario dentro de la política social del gobierno federal. En la práctica, las cooperativas y otras organizaciones del Sector Social de la Economía quedaron relegadas a una atención colateral mediante programas asistencialistas, diseñados para individuos y sin estrategias colectivas de transformación económica.
De cara al futuro, y de acuerdo con diversas organizaciones cooperativistas, esta situación parece no haber cambiado durante el primer año de la actual gestión presidencial, pues no hay evidencia clara que indique que el cooperativismo o la economía social y solidaria sean una prioridad bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Esto revela que, aunque la 4T ha impulsado importantes transformaciones sociales y ha reorientado el gasto público hacia sectores históricamente marginados, no ha apostado por una transformación profunda del modelo económico. La economía social y solidaria —y en especial el cooperativismo— implican una redistribución real del poder económico y una democratización de la producción, algo que ni siquiera este proyecto político ha estado dispuesto a impulsar con decisión.
Así, el futuro del sector seguirá dependiendo de una recuperación legislativa, institucional y presupuestaria que permita a las cooperativas jugar un papel central en la construcción de una economía más justa, solidaria e inclusiva en México. Y también, por supuesto, de la unión de esfuerzos de los colectivos que luchan por fortalecer un modelo que pone en el centro a la persona y su bienestar.