MORELIA
10/10/25
Nueva Ley
Orgánica fortalecerá a la FGE como institución garante de justicia,
transparencia y derechos humanos: Carlos Torres Piña
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Anunció la
creación de cinco vicefiscalías; la apertura de una oficina de la CEDH en la
Fiscalía y la creación de una plataforma digital para vehículos con reporte de
robo
“No habrá
pretextos para combatir la impunidad”, afirmó el Fiscal General
RED 113
MICHOACÁN/Redacción
Morelia,
Mich.- 10 de octubre de 2025.-
La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE)
representa un paso firme hacia la modernización institucional, la atención
integral a las víctimas y el fortalecimiento de la procuración de justicia con
estricto apego a los derechos humanos, afirmó el Fiscal General, Carlos Torres
Piña, durante un encuentro con medios de comunicación.
“Esta ley
nos dará herramientas reales para servir mejor a las y los michoacanos. No
habrá pretextos para combatir la impunidad: trabajaremos con honestidad,
transparencia y una visión de la justicia más humana y cercana a la gente”,
subrayó.
Durante
una rueda de prensa, el titular de la FGE explicó que la nueva norma, aprobada
recientemente por el Congreso del Estado, está sustentada en principios como la
no revictimización, la perspectiva de género, la justicia intercultural, la
protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la búsqueda de
personas desaparecidas y la coordinación plena contra la corrupción en los
procesos judiciales.
Entre los
avances más relevantes, Torres Piña expuso que la nueva estructura orgánica
contempla la creación de cinco vicefiscalías especializadas, con el objetivo de
garantizar una atención más eficiente, profesional y organizada:
• Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación
Criminal, que integrará la Coordinación de la Policía de Investigación, la
Coordinación de Servicios Periciales y la Agencia de Investigación Criminal.
• Vicefiscalía de Control Interno y
Evaluación, responsable de la Fiscalía de Asuntos Internos y la Oficina de
Evaluación y Control de Gestión.
• Vicefiscalía de Operaciones y Coordinación
Territorial, que agrupará las diez fiscalías regionales del estado.
• Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, que
contemplará la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, la Fiscalía de
Asuntos Especiales, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, la Unidad
Especializada en Homicidio Doloso, la Fiscalía Especializada en Feminicidio y
la Fiscalía Especializada en Robo al Transporte y Robo de Vehículo.
• Vicefiscalía de derechos humanos, integrada
por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género; la Fiscalía de Niñas, Niños
y Adolescentes; la Fiscalía de Torturta, Tratos Crueles, Inhumanos o
Degradantes; la Fiscalía Especializada en Desaparición Cometida por
Particulares y Desaparición Forzada; la Fiscalía Especializada en Libertad de
Expresión y la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y la
Fauna.
Por otra
parte, destacó la próxima apertura de una oficina de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH) en las instalaciones de la Fiscalía, espacio que
permitirá a las víctimas presentar quejas y dar seguimiento inmediato a
posibles violaciones de derechos humanos cometidas por personal de la
institución, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Así mismo,
anunció la creación de una plataforma digital para el registro y consulta de
vehículos con reporte de robo, lo que facilitará la localización, aseguramiento
y recuperación de unidades; sumado a los avances en materia de digitalización
de procesos y coordinación con el Poder Judicial del Estado para una
procuración y administración de justicia más eficiente, transparente y
accesible.
Finalmente
durante una sesión de preguntas y respuestas, el Fiscal General atendió
inquietudes sobre presupuesto anual, profesionalización del personal y
fortalecimiento interinstitucional, enfatizando la necesidad de reforzar los
equipos multidisciplinarios en las agencias del Ministerio Público, ampliar la
cobertura de servicios y garantizar atención en comunidades con autogobiernos,
mediante personal bilingüe, traductores e intérpretes, así como la colaboración
y actuación con kuárichas y rondas comunitarias de acuerdo con sus normativas
internas.
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