Juezas y jueces de Michoacán actúan con firmeza y compromiso social
para garantizar justicia penal y proteger a la niñez
Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2025. 29 años, 4 meses y 15 días de
prisión es la sentencia condenatoria que un juez de Uruapan impuso a
Cayetano A.P. al comprobarse su responsabilidad en el homicidio calificado de
Zenaida M.O. ocurrido el 19 de mayo de 2024.
En la audiencia de individualización de la pena, donde el juez de manera clara
y detallada explicó al sentenciado la resolución, también le impuso el pago de
reparación del daño a favor de la víctima indirecta por la cantidad de más de 1
millón 259 mil pesos y la suspensión de sus derechos civiles y políticos por el
mismo lapso de la pena de prisión.
En la misma región, por su probable participación en delito sabotaje, en
agravio de Gobierno del Estado de Michoacán, y por daño en las cosas doloso,
en agravio de J.Z.H., se vinculó a proceso a Ángel Jesús C.V. y Adrián F.M. Se
les impuso la medida cautelar de prisión de carácter justificada, durante el
tiempo que dure el proceso y se autorizó el plazo de cierre de investigación
complementaria de 1 mes.
Los hechos ocurrieron el pasado 3 de noviembre, cuando se presume que los
imputados llegaron a la estación del teleférico, ubicada en la calle Chiapas
esquina con calle Monterrey, de la colonia Ramón Farías de Uruapan, donde
ambos empezaron a prender fuego logrando incendiar la estación del
teleférico, así como una grúa.
Por otro lado, en Apatzingán, se vinculó a proceso a José Alonso R.R. y Emilio
S.N. por su probable participación en los delitos de sabotaje y robo calificado,
en agravio del Ayuntamiento de Apatzingán y de SATMICH. Se estableció un
plazo de cuatro meses para la investigación complementaria y la permanencia
de ambos en prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario de
Apatzingán.
Conviene señalar que, los daños al inmueble del Palacio Municipal de
Apatzingán ascienden a la cantidad de 1 millón 14 mil 725 pesos, mientras que
los daños a los bienes inmuebles destruidos a la cantidad de 1 millón 953 mil
946 pesos.
Finalmente, comprometidos con el bienestar de niñas, niños y adolescentes, un
juez de oralidad penal de La Piedad determinó vincular a proceso a Ernesto
A.A. por su probable responsabilidad en el incumplimiento de la obligación
alimentaria en agravio de dos personas menores de edad de identidad
reservada. Se fijó un plazo de tres meses para la investigación
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complementaria, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y la
protección de los derechos de las personas menores de edad.
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