Autonomía en riesgo: señalan intento de control sobre cooperativas en México
Alejandro Martínez Castañeda
Morelia, Michoacán, 22 de diciembre de 2025.— En el cierre del Año Internacional de las Cooperativas, el cooperativismo mexicano atraviesa un momento decisivo. Académicos y actores del sector social advierten que las políticas públicas impulsadas en 2025 podrían poner en riesgo la autonomía y la naturaleza solidaria de estas organizaciones, al abrir la puerta a un proceso de control estatal que algunos califican como una posible “estatización” del movimiento.
Juan José Rojas Herrera, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y uno de los principales especialistas en economía social del país, ha señalado que las reformas recientes perfilan un modelo que subordina a las cooperativas a criterios administrativos y políticos del gobierno federal, alejándolas de sus principios fundacionales de autogestión y ayuda mutua.
De acuerdo con el académico, el eje central de la preocupación radica en la intención de establecer un sistema de certificación obligatoria a través del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), mecanismo que condicionaría el acceso a apoyos públicos y programas de fomento.
“El riesgo es que el Estado se convierta en el único juez de quién es y quién no es cooperativista. Al supeditar los apoyos a una certificación oficial, se genera una relación de dependencia que vulnera la libertad de asociación y la autogestión”, ha advertido Rojas Herrera en diversos foros, según reseñas del medio La Coperacha.
Desde esta perspectiva, el INAES podría operar como una especie de “aduana institucional”, con la capacidad de validar o invalidar proyectos cooperativos desde una visión centralizada, ajena a la diversidad territorial y organizativa del sector.
Rojas Herrera identifica tres riesgos estructurales en la ruta actual de la política pública. El primero es la pérdida de la naturaleza social de las cooperativas, al verse obligadas a funcionar como empresas mercantiles o extensiones del aparato gubernamental. El segundo es el uso político de la certificación, que podría convertirse en un instrumento para favorecer a organizaciones afines y marginar a las críticas. El tercero es el centralismo burocrático, que ignora la pluralidad del cooperativismo mexicano, presente en ámbitos como el ahorro, el consumo, la producción y los servicios.
Frente a este escenario, el académico y diversos actores del movimiento cooperativo plantean la necesidad de una legislación propia, construida mediante un diálogo genuino con las organizaciones del sector social. La consigna, subrayan, es clara: fomento sí, tutelaje no, en defensa de un cooperativismo libre, autónomo y democrático.
Fuente: https://lacoperacha.org.mx/defender-autonomia-del-cooperativismo-ante-control-estatal-2025/

