Cooperativas, aliadas estratégicas en la lucha contra la desigualdad en México
Por: Alejandro Martínez Castañeda
El Informe sobre la Desigualdad Global 2026, coordinado por economistas como Thomas Piketty y basado en investigaciones del Laboratorio de Desigualdad Mundial, revela que la concentración de riqueza sigue siendo extrema: el 10 % más rico del mundo posee 75 % de la riqueza global, mientras la mitad más pobre apenas alcanza 2 % del total. Esta disparidad extrema se refleja también en México, donde el 10 % de mayores ingresos acapara alrededor de 59 % del ingreso total y concentra cerca de 71 % de la riqueza nacional.
En este contexto, organizaciones sociales, académicos y defensores de la economía solidaria han señalado al cooperativismo como una pieza clave para construir alternativas económicas que mitiguen las brechas de desigualdad. A diferencia de las empresas tradicionales, las cooperativas funcionan bajo principios de propiedad compartida, gestión democrática y distribución equitativa de beneficios, lo que genera un modelo en el cual los resultados económicos se traducen en bienestar colectivo.
Las cooperativas no solo generan empleo local, sino que lo hacen con condiciones más estables y participativas: los trabajadores son socios, tienen voz en las decisiones, comparten riesgos y beneficios, y suelen reinvertir sus excedentes en educación, servicios comunitarios o mejoras productivas. Este enfoque descentraliza la riqueza y empodera a sectores tradicionalmente marginados, como mujeres, jóvenes y comunidades rurales.
Además, la evidencia internacional indica que en países donde las cooperativas están bien desarrolladas, estas generan menores brechas salariales internas, mayor inclusión financiera y cadenas productivas más equitativas, al tiempo que fortalecen redes de apoyo comunitario que actúan como amortiguadores en tiempos de crisis económica. La economía solidaria, más que un modelo alternativo, aparece como un componente estructural que puede complementar y corregir las fallas de los mercados convencionales.
Sin embargo, el debate en México también recoge críticas importantes. Analistas señalan que, si bien las cooperativas han demostrado su valor social, su impacto en la reducción estructural de la desigualdad sigue siendo limitado sin un impulso público sostenido. La ausencia de políticas claras de acceso al crédito, capacitación técnica, mercados estables y marcos regulatorios sólidos ha limitado el crecimiento de estas organizaciones frente a la economía tradicional.
Además, algunos estudios advierten que, sin mecanismos eficaces de apoyo estatal y financiero, muchas cooperativas terminan operando de forma fragmentada o como economías informales con baja productividad, lo que diluye su potencial para alterar las dinámicas de concentración de ingresos.
Aun así, expertos en economía solidaria sostienen que, con políticas públicas integrales, que incluyan incentivos fiscales, acceso prioritario a programas gubernamentales y fortalecimiento de redes intercooperativas, este modelo podría contribuir de manera más significativa a empoderar a comunidades marginadas, aumentar la participación de mujeres y jóvenes, y construir alternativas económicas más equitativas.
El reto está en que el fortalecimiento del cooperativismo no se quede en declaraciones de intención, sino que se traduzca en acciones estructurales y apoyos integrales que permitan que estas formas de organización jueguen un papel más visible y transformador en la lucha contra la desigualdad en México.

