Invertir sin endeudar: la apuesta del gobierno de Michoacán para impulsar el desarrollo con justicia social

 Invertir sin endeudar: la apuesta del gobierno de Michoacán para impulsar el desarrollo con justicia social 

Alejandro Martínez Castañeda

Morelia, Michoacán, 25 de diciembre de 2025.-En un escenario donde el endeudamiento público suele presentarse como única vía para detonar el crecimiento, Michoacán ha optado por una decisión profundamente política: invertir sin comprometer el futuro financiero del estado. Los 40 mil millones de pesos ejercidos en obra pública durante 2025 no son solo una cifra récord; representan una toma de postura frente a un modelo de desarrollo que durante años privilegió la deuda sobre el bienestar social.

La inversión pública es, ante todo, una herramienta de poder. Define a quién se beneficia, qué territorios se priorizan y qué derechos se garantizan. En ese sentido, apostar por infraestructura social —hospitales, escuelas, mercados, universidades y transporte público— significa colocar al centro a los sectores que históricamente han cargado con el costo de la desigualdad: trabajadores, estudiantes, comunidades indígenas, comerciantes y familias de ingresos medios y bajos.

La narrativa de “obras sin deuda” no es neutra. Contrasta con décadas en las que el endeudamiento fue utilizado para sostener estructuras ineficientes, proyectos de alto costo social y beneficios concentrados. Hoy, la decisión de financiar el desarrollo con finanzas sanas y combate a la corrupción envía un mensaje claro: el crecimiento económico no debe hipotecar a las siguientes generaciones ni profundizar las brechas sociales.

Proyectos como los teleféricos en Morelia y Uruapan, la construcción de hospitales del IMSS Bienestar o la expansión de la Universidad Michoacana expresan una lógica distinta: infraestructura pensada para ampliar derechos y redistribuir oportunidades. La movilidad, la salud y la educación dejan de ser privilegios para convertirse en políticas públicas con impacto territorial y social.

Desde una perspectiva política, esta estrategia también fortalece la gobernabilidad. La inversión pública genera empleo, activa economías regionales y reconstruye la confianza ciudadana cuando se traduce en beneficios visibles y cotidianos. En un contexto de alta polarización, la obra pública con sentido social se convierte en un instrumento de legitimidad democrática.

El reto, sin embargo, es sostener esta visión en el tiempo. Transparencia, evaluación y participación social serán clave para que la inversión no se reduzca a propaganda, sino que consolide un proyecto de desarrollo incluyente. Porque, al final, invertir sin deuda no es solo una decisión financiera: es una definición política sobre qué estado se quiere construir y para quién.