Cooperativas y empresas privadas en México: dos formas de trabajo frente a una misma crisis

 Cooperativas y empresas privadas en México: dos formas de trabajo frente a una misma crisis

Por Alejandro Martínez Castañeda

En México, hablar de trabajo implica hablar de desigualdad, informalidad y precarización. Más del 50 por ciento de la población ocupada labora en condiciones informales y una parte importante del empleo formal enfrenta bajos salarios, alta rotación y escasa participación en las decisiones que afectan su vida laboral. En este escenario, comparar el trabajo en cooperativas con el de las empresas privadas tradicionales deja de ser un ejercicio teórico y se vuelve una discusión urgente de política pública y justicia social.

Especialistas y organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) coinciden en que las cooperativas representan un modelo empresarial distinto, especialmente relevante para países con brechas estructurales como México. A diferencia de la empresa privada convencional, donde la relación laboral se basa en la subordinación al capital, en las cooperativas las personas trabajadoras son copropietarias del proyecto productivo, participan en la toma de decisiones y distribuyen de manera colectiva los excedentes.

En el contexto mexicano, esta diferencia es crucial. Mientras que muchas empresas privadas han optado por esquemas de subcontratación, contratos temporales o bajos salarios para mantener competitividad, las cooperativas tienden a priorizar la estabilidad del empleo y la sostenibilidad del ingreso, incluso en sectores tradicionalmente vulnerables como el agro, los servicios comunitarios, la producción artesanal o el comercio local.

Las evidencias recopiladas por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) y por estudios académicos en América Latina muestran que, durante crisis económicas —como la vivida tras la pandemia—, las cooperativas mexicanas recurrieron con mayor frecuencia a acuerdos solidarios internos antes que al despido, preservando el empleo y el tejido comunitario. En contraste, en amplios sectores del empleo privado la salida inmediata fue la rescisión de contratos o la reducción unilateral de derechos.

Otro elemento diferenciador en México es la democracia en el trabajo. En un país donde la cultura laboral ha estado marcada por relaciones verticales y, en algunos casos, por la simulación sindical, el principio cooperativo de “una persona, un voto” introduce una lógica distinta: el trabajo deja de ser solo una fuente de ingreso y se convierte en un espacio de participación, corresponsabilidad y construcción colectiva.

Esto no significa idealizar a las cooperativas ni desconocer sus desafíos. Muchas enfrentan problemas de financiamiento, capacitación o acceso a mercados, mientras que la empresa privada sigue siendo un actor central para la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, la experiencia mexicana demuestra que cuando el mercado no garantiza empleo digno y el Estado no alcanza a cubrir todas las necesidades, las cooperativas llenan vacíos estructurales y generan alternativas reales de trabajo decente.

En un país donde la reforma laboral ha puesto el acento en la conciliación, la democracia sindical y el acceso efectivo a la justicia laboral, el modelo cooperativo dialoga de manera natural con estos principios. No sustituye a la empresa privada, pero sí cuestiona un modelo económico que ha normalizado la precariedad como costo del desarrollo.

El debate, entonces, no es cooperativas contra empresas privadas. Es preguntarnos qué tipo de trabajo necesita México: uno basado exclusivamente en la rentabilidad de corto plazo o uno que combine eficiencia económica con dignidad laboral, participación y cohesión social. Las cooperativas, lejos de ser una figura marginal, ofrecen pistas claras para repensar el futuro del trabajo en un país que sigue buscando justicia no solo en los tribunales, sino también en los centros de trabajo