MORELIA 18/01/26
Durante 2025, Fiscalía General evitó el pago de más de 29 millones de pesos por secuestro virtual en Michoacán
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Se evitó el pago de más
de más 29 millones de pesos en un delito que flagela a la sociedad; Morelia,
Uruapan y Zamora concentran la mayor incidencia
RED 113
MICHOACÁN/Redacción
Morelia, Michoacán, a 18
de enero de 2026.- En el marco de las acciones permanentes para combatir el
delito de secuestro virtual en el estado, la Fiscalía General del Estado de
Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro
y la Extorsión, logró durante el año 2025 la atención de 201 casos relacionados
con esta modalidad delictiva, evitando que se realizara el pago de 29 millones
91 mil 529 pesos, recursos que habrían afectado directamente el patrimonio de
las víctimas y sus familias.
Durante este periodo, la
Fiscalía Especializada brindó atención a un total de 201 casos de secuestro
virtual, logrando la localización con vida de las 201 víctimas, quienes fueron
resguardadas y restituidas a su entorno familiar. Esta cifra representa un
incremento significativo en comparación con el año 2024, cuando se atendieron
156 casos, lo que evidencia tanto la persistencia de este delito como la
confianza de la ciudadanía en las instituciones para denunciar de manera
oportuna.
En cuanto a la incidencia
geográfica, los municipios de Morelia, Uruapan y Zamora se colocaron a la
cabeza en la atención de casos de secuestro virtual, reflejando que este delito
continúa afectando principalmente a las zonas con mayor densidad poblacional y actividad
económica del estado.
Gracias a la intervención
inmediata y especializada del personal de la Fiscalía, se evitó que las
víctimas o sus familiares realizaran depósitos o transferencias exigidas,
impidiendo así el pago de 29 millones 91 mil 529 pesos, monto que corresponde
exclusivamente a casos de secuestro virtual atendidos durante 2025.
Para hacer frente a este
delito que flagela a la sociedad, la Fiscalía General ha fortalecido sus
estrategias de actuación mediante la capacitación constante de su personal, el
uso de herramientas tecnológicas para la atención inmediata de denuncias y la
implementación de protocolos de reacción rápida, los cuales han sido
fundamentales para la localización de las víctimas y la contención del daño
patrimonial y emocional.
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