El derecho al trabajo: la llave que México aún no termina de girar

El derecho al trabajo: la llave que México aún no termina de girar

 Por Alejandro Martínez Castañeda

En el discurso constitucional, México reconoce desde hace más de un siglo que el trabajo es un derecho y una obligación social. El artículo 123 de la Constitución consagra el ideal del trabajo digno, con salario justo, seguridad social y condiciones humanas. Sin embargo, entre la norma y la realidad persiste una brecha profunda que revela que el derecho al trabajo, ese derecho “llave” que abre el acceso a muchos otros, sigue sin ejercerse plenamente para millones de personas.

No es casual que organismos internacionales hayan subrayado esta centralidad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que “el trabajo decente es fundamental para reducir la pobreza y promover un desarrollo inclusivo y sostenible”, al ser el principal medio mediante el cual las personas acceden a ingresos, protección social y reconocimiento de derechos. Esta afirmación refuerza la idea de que el derecho al trabajo no es aislado, sino la base material para el ejercicio de otros derechos humanos.

El rezago en México es evidente. Más de la mitad de la población ocupada labora en la informalidad, sin contrato, sin prestaciones y sin protección frente al despido o la enfermedad. En ese contexto, hablar de derechos laborales se vuelve casi retórico: no hay seguridad social, no hay pensión futura y no hay mecanismos reales de defensa. El trabajo existe, pero no el trabajo digno que promete la Constitución.

Esta precariedad no es solo un problema económico; es un problema de derechos humanos. Cuando el trabajo es inestable o insuficiente, se comprometen derechos básicos como la salud, la vivienda y la alimentación. El ingreso precario obliga a elegir entre comer o atenderse médicamente, entre educarse o sobrevivir. Así, el derecho al trabajo deja de ser una llave y se convierte en un cerrojo que perpetúa la desigualdad.

México ha dado pasos importantes en los últimos años, particularmente con la reforma laboral y el nuevo modelo de justicia del trabajo, orientados a democratizar las relaciones laborales y garantizar el acceso efectivo a la justicia. Sin embargo, estas transformaciones conviven con prácticas estructurales que siguen debilitando el derecho al trabajo: subcontratación abusiva, jornadas excesivas, salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica y una débil inspección laboral en amplias regiones del país.

La situación es aún más grave para sectores históricamente vulnerados. Mujeres, jóvenes y personas trabajadoras del campo enfrentan mayores obstáculos para acceder a empleos formales y bien remunerados. La desigualdad territorial también pesa: en estados con menor desarrollo económico, el trabajo digno sigue siendo una promesa lejana, no una realidad cotidiana.

Reconocer el derecho al trabajo como un derecho “llave” obliga a replantear las prioridades públicas. No basta con generar empleo; es indispensable generar empleo con derechos. Como advierte la OIT, sin trabajo decente no hay cohesión social ni desarrollo sostenible.

En México, girar por completo la llave del derecho al trabajo implica combatir la informalidad con políticas integrales, fortalecer la inspección laboral, garantizar salarios suficientes y asegurar que la justicia laboral sea accesible, pronta y efectiva. Solo así el trabajo podrá cumplir su función esencial: ser el punto de partida para una vida digna y el ejercicio real de todos los demás derechos.

Mientras eso no ocurra, el derecho al trabajo seguirá siendo, para millones de personas, una llave que existe en el papel, pero que aún no abre todas las puertas que promete.