Intermunicipalidades: la oportunidad pendiente para el desarrollo regional en Michoacán

 Intermunicipalidades: la oportunidad pendiente para el desarrollo regional en Michoacán

Por Alejandro Martínez Castañeda

En un país donde los municipios son la base de la organización territorial, pero también el eslabón más débil del Estado, las intermunicipalidades representan una de las herramientas más subestimadas para enfrentar los retos del desarrollo regional. En México —y particularmente en Michoacán— la fragmentación institucional, la escasez de recursos y la falta de continuidad administrativa han limitado la capacidad de los gobiernos locales para responder a problemas que, por su naturaleza, desbordan las fronteras municipales.

Las intermunicipalidades, entendidas como asociaciones voluntarias entre municipios para gestionar de manera conjunta competencias y servicios públicos, permiten crear un nivel de gobernanza local más amplio, fuerte y eficiente. No se trata de inventar un nuevo orden de gobierno, sino de sumar capacidades, compartir responsabilidades y aprovechar economías de escala en beneficio de la ciudadanía.

Los beneficios de este modelo son claros. La gestión compartida de servicios como el manejo de residuos, el agua potable, la seguridad o el transporte permite reducir costos y mejorar la calidad del servicio al operar a escala regional. Además, las intermunicipalidades facilitan una planeación territorial más integral, particularmente en temas ambientales y urbanos, donde la descoordinación entre municipios suele agravar los problemas en lugar de resolverlos.

Otro aporte relevante es el fortalecimiento institucional. Al trabajar de manera conjunta, los municipios se ven obligados a generar reglas claras, mecanismos de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Este tipo de esquemas, bien diseñados, pueden acercarse a la lógica de un servicio civil de carrera y reducir la improvisación que caracteriza a muchos gobiernos locales. Asimismo, los proyectos mancomunados suelen ser más atractivos para la inversión pública y privada, al ofrecer mayor escala, certidumbre y viabilidad financiera.

Las intermunicipalidades también permiten enfrentar desafíos que ningún municipio puede resolver por sí solo: la gestión de cuencas, la protección de ecosistemas, la infraestructura regional o el ordenamiento del territorio. En estados con alta diversidad geográfica y social, como Michoacán, este enfoque resulta especialmente pertinente.

Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos significativos. El primero es el cortoplacismo. Con gobiernos municipales de solo tres años, pensar en proyectos de mediano y largo plazo sigue siendo la excepción. A ello se suman resistencias locales, tanto políticas como administrativas, derivadas del temor a perder control, visibilidad o espacios de poder. La falta de incentivos financieros y de acompañamiento institucional por parte de los gobiernos estatal y federal también limita su expansión, al igual que la descoordinación entre dependencias.

A pesar de ello, existen experiencias que demuestran su viabilidad. Modelos como las asociaciones intermunicipales en Jalisco, particularmente la Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, muestran que es posible construir esquemas sólidos de gobernanza territorial con resultados tangibles. Aunque no siempre se les denomine formalmente “intermunicipalidades”, estos ejemplos ofrecen aprendizajes valiosos para Michoacán.

Frente a los desafíos compartidos que enfrenta el estado —ambientales, urbanos, económicos y sociales—, las intermunicipalidades no son una opción menor, sino una alternativa estratégica. Apostar por ellas implica superar la lógica aislada del municipio y avanzar hacia un desarrollo más coordinado, eficiente y sostenible. La oportunidad está sobre la mesa; lo que falta es voluntad política y visión de largo plazo.