Empleo sí, derechos no: la lógica del lucro detrás de la informalidad

 Empleo sí, derechos no: la lógica del lucro detrás de la informalidad

Alejandro Martínez Castañeda

La Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada el 26 de enero de 2026 con datos de diciembre de 2025, confirma una realidad que no puede minimizarse: aunque la desocupación se ubica en 2.4%, la informalidad laboral alcanza 54.6% de la población ocupada, es decir, 33 millones de personas trabajan sin plena protección social.

Las consecuencias sociales son profundas. Un trabajador informal difícilmente accede a servicios de salud institucionales, ahorro para el retiro o créditos formales. Vive al día, con ingresos volátiles y sin red de protección ante enfermedad, maternidad, accidentes o vejez. Esta precariedad se agrava si se observa que el 45% de la población ocupada percibe hasta un salario mínimo, y que la tasa de condiciones críticas de ocupación subió a 38.4%. Es decir, no solo se trata de tener empleo, sino de la calidad del mismo.

La ENOE no solo ofrece cifras; plantea una pregunta de fondo: ¿qué tipo de crecimiento económico está generando México? Si más de la mitad de quienes trabajan lo hacen sin protección plena, el reto no es únicamente crear empleos, sino transformar su calidad. La estabilidad macroeconómica pierde significado cuando no se traduce en bienestar tangible para la mayoría.

El país necesita un pacto laboral que coloque la formalización en el centro del desarrollo. Porque detrás de cada punto porcentual hay millones de historias de esfuerzo cotidiano que merecen algo más que sobrevivir en la economía: merecen seguridad, certidumbre y oportunidades reales de progreso.

Detrás de estas cifras no hay solo un problema estadístico, sino un modelo económico que prioriza la rentabilidad por encima del bienestar. El sistema vigente, centrado en la maximización de ganancias y la reducción de costos laborales, encuentra en la informalidad una válvula funcional: abarata la fuerza de trabajo, flexibiliza responsabilidades patronales y traslada los riesgos al trabajador. Así, el empleo crece en número, pero no en derechos.

La informalidad no es un accidente del mercado; es, en buena medida, consecuencia de una estructura productiva que tolera —e incluso incentiva— esquemas sin seguridad social, sin estabilidad y sin prestaciones. Cuando el objetivo principal es el lucro inmediato, la formalización se percibe como costo y no como inversión social. El resultado es un mercado laboral fragmentado: empresas que compiten reduciendo derechos y millones de personas que sobreviven sin red de protección.

El aumento de la informalidad de 53.7% a 54.6% en un año, y su nivel de 68.2% en zonas menos urbanizadas, reflejan que esta lógica impacta con mayor fuerza donde hay menos poder de negociación y menor presencia institucional. La desigualdad territorial y social se profundiza porque el sistema no corrige asimetrías; las reproduce.

Si 45% de la población ocupada percibe hasta un salario mínimo y las condiciones críticas de ocupación alcanzan 38.4%, el problema no es solo cuántos empleos se generan, sino bajo qué lógica económica se producen. Mientras el crecimiento no esté vinculado a derechos laborales efectivos, la estabilidad macroeconómica será insuficiente para garantizar bienestar.

El desafío es estructural: transformar un modelo que concibe al trabajo como costo y no como eje del desarrollo. Sin ese viraje, la informalidad seguirá siendo la regla y no la excepción.