Cooperativas en la ley: el reconocimiento llega, el desafío comienza

 Cooperativas en la ley: el reconocimiento llega, el desafío comienza

Alejandro Martínez Castañeda

La reciente aprobación por parte del Congreso del Estado de Michoacán de la reforma a la Ley de Desarrollo Económico marca un paso importante en la construcción de un modelo más incluyente para la entidad. La incorporación explícita de las sociedades cooperativas dentro del marco jurídico no es un hecho menor: representa, en esencia, el reconocimiento institucional de una forma de organización productiva que durante años ha operado en condiciones de desventaja frente a la empresa tradicional.

El dictamen fue impulsado por la diputada Fabiola Alanís Sámano y plantea una visión más amplia del desarrollo económico, en la que no solo se privilegia la atracción de inversiones, sino también el fortalecimiento del tejido social y comunitario. En ese sentido, el cooperativismo deja de ser un actor periférico para convertirse en parte integral de la política económica estatal.

El valor de esta reforma radica en su intención de cerrar la brecha entre lo que ya establecía la Ley Orgánica de la Administración Pública y lo que, en la práctica, carecía de herramientas operativas. Hoy, al incluir a las cooperativas en artículos clave —desde la definición legal hasta el acceso a financiamiento, estímulos y programas— se abre la puerta a políticas públicas más coherentes y potencialmente más justas.

Sin embargo, el verdadero desafío comienza ahora. El primero de los retos será evitar que esta reforma se quede en el plano declarativo. La historia legislativa en México está llena de buenas intenciones que no logran traducirse en acciones concretas. Para que esta modificación tenga impacto real, será indispensable que la Secretaría de Desarrollo Económico diseñe programas específicos, con reglas claras, presupuesto suficiente y mecanismos de seguimiento efectivos dirigidos a las cooperativas.

Un segundo reto es el acceso al financiamiento. Aunque la ley ahora contempla esquemas para facilitar créditos y apoyos, la realidad es que muchas cooperativas enfrentan barreras estructurales: falta de garantías, informalidad o limitada capacitación administrativa. Sin una estrategia integral que acompañe estos procesos, el acceso a recursos podría seguir siendo limitado.

También está el desafío de la capacitación y profesionalización. Reconocer a las cooperativas como actores económicos implica fortalecer sus capacidades productivas, comerciales y organizativas. Esto requiere inversión en formación técnica, vinculación con mercados y acompañamiento constante, aspectos que no siempre han sido prioritarios en la política pública.

Otro punto clave será la articulación con otros sectores. La reforma menciona la vinculación educativa y productiva, pero lograrla en la práctica demanda coordinación interinstitucional, algo que históricamente ha sido complejo en la administración pública. Sin esta sinergia, el potencial de las cooperativas podría verse reducido.

Finalmente, existe un reto cultural. Apostar por el cooperativismo implica también transformar la visión dominante del desarrollo económico, que tradicionalmente ha privilegiado el capital privado individual sobre las formas colectivas. Impulsar este cambio requerirá no solo políticas públicas, sino también una narrativa que valore lo comunitario como motor de crecimiento.

En suma, la reforma aprobada por el Congreso de Michoacán es un avance significativo hacia un modelo económico más equilibrado e incluyente. Pero su éxito dependerá de la capacidad del Estado para convertir el reconocimiento legal en resultados tangibles. La rectoría del Estado, mencionada en la exposición de motivos, debe ser activa: no basta con permitir que las cooperativas existan, hay que acompañarlas para que puedan competir en un mercado globalizado sin perder su esencia solidaria.

El cooperativismo ya está en la ley; ahora el desafío es que también esté en la realidad cotidiana del desarrollo económico del estado.