URUAPAN
21/04/26
Crónica|
Detención por presunta tala ilegal detona retención de vehículos en comunidad
de Capacuaro
RED 113
MICHOACÁN/Redacción
Uruapan,
Mich.- 21 de abril de 2026.-
La Meseta Purépecha volvió a colocarse en un punto de alta tensión. En la
comunidad indígena de Capacuaro, municipio de Uruapan, la detención de un joven
señalado por su presunta participación en tala ilegal derivó en una reacción
comunitaria inmediata y contundente: la retención de vehículos de empresas como
medida de presión para exigir su liberación.
El origen
del conflicto se remonta a un operativo de vigilancia realizado en una brecha
de la localidad de Tiamba, al norte de Uruapan. En ese punto, elementos de la
Guardia Civil detectaron tres camionetas de doble rodado que transportaban
madera en trozos, presuntamente obtenida de forma ilegal. Durante la
intervención fue detenido Salvador A. C., de 24 años de edad, vecino de
Capacuaro.
Las
unidades aseguradas y el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía
General de la República, instancia encargada de integrar la carpeta de
investigación por posibles delitos contra el medio ambiente. Sin embargo, el
traslado a la esfera federal no contuvo la reacción en su comunidad de origen.
Desde la
mañana de este martes, comuneros de Capacuaro se movilizaron y comenzaron a
interceptar vehículos de distintas empresas comerciales que transitaban por la
zona.
Las
unidades fueron llevadas hasta la plaza principal, donde permanecen retenidas
como parte de una protesta que busca forzar la liberación tanto del detenido
como de las camionetas aseguradas con madera.
El
movimiento tiene un mensaje directo hacia las autoridades: la comunidad reclama
lo que considera una detención injusta de uno de sus habitantes, mientras que,
del lado institucional, el caso se mantiene bajo investigación por la posible
comisión de un delito federal.
Hasta
ahora no se reporta la instalación de una mesa de diálogo ni acercamientos
formales entre autoridades y comuneros. El escenario, por tanto, se mantiene en
un punto crítico, por un lado, la aplicación de la ley en materia ambiental;
por el otro, la comunidad que ha optado por la presión mediante estas acciones
radicales.
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