El derecho a un medio ambiente sano: una deuda pendiente con el futuro
Por Alejandro Castañeda
En octubre de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano universal. La decisión no surgió de la nada. Fue el resultado de décadas de trabajo de científicos, comunidades, pueblos indígenas y organizaciones sociales que advirtieron una verdad cada vez más evidente: no puede existir dignidad humana en un planeta degradado.
Para México, el reconocimiento tiene un significado especial. El país forma parte del reducido grupo de naciones megadiversas del mundo. En su territorio convergen selvas, bosques, desiertos, manglares, arrecifes y una riqueza biológica excepcional. Sin embargo, esa abundancia natural convive con procesos acelerados de deterioro ambiental: contaminación de ríos y lagos, pérdida de bosques, sobreexplotación de acuíferos, expansión de actividades extractivas y los efectos cada vez más visibles del cambio climático.
Aunque el artículo 4º de la Constitución reconoce desde hace más de dos décadas el derecho a un medio ambiente sano, la realidad demuestra que el reconocimiento jurídico por sí solo no garantiza su cumplimiento. La historia de los derechos humanos enseña que existe una diferencia profunda entre lo que establecen las leyes y lo que ocurre en la vida cotidiana de las personas.
Esa distancia puede observarse en distintos conflictos ambientales del país. El derrame tóxico en el río Sonora, los problemas de acceso al agua en diversas regiones, los proyectos de infraestructura cuestionados por comunidades indígenas y las agresiones contra personas defensoras del territorio muestran que la justicia ambiental sigue siendo una tarea pendiente.
Además, los impactos de la degradación ambiental no afectan por igual a toda la población. Son las comunidades indígenas, campesinas y rurales quienes suelen enfrentar las consecuencias más severas. Cuando se contamina un río, se destruye un bosque o se agota una fuente de agua, no sólo se afecta un ecosistema; también se ponen en riesgo la salud, la alimentación, la identidad cultural, los medios de vida y el futuro de comunidades enteras.
Por ello, el derecho a un medio ambiente sano no puede entenderse de manera aislada. Está estrechamente vinculado con otros derechos fundamentales, como el acceso al agua, la salud, la alimentación, la vivienda, la participación ciudadana y la libre determinación de los pueblos indígenas. Cuando el entorno se degrada, la afectación suele extenderse a todo el entramado de derechos humanos.
El reconocimiento internacional de este derecho también implica obligaciones concretas para los Estados: prevenir daños ambientales, restaurar ecosistemas degradados, garantizar información y participación pública, fortalecer la justicia ambiental y proteger a quienes defienden el territorio. Para México, ello supone traducir los compromisos internacionales en políticas públicas eficaces, presupuestos suficientes y mecanismos reales de rendición de cuentas.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones. La crisis ambiental también interpela a la sociedad. Los modelos de consumo, la indiferencia frente a los conflictos ecológicos y la idea de que la naturaleza es un recurso inagotable forman parte del problema.
México posee una riqueza biológica extraordinaria, conocimientos ancestrales sobre el cuidado de la tierra y una creciente conciencia social sobre la necesidad de proteger el patrimonio natural. El desafío consiste en convertir esos activos en una verdadera política de Estado.
Porque el derecho a un medio ambiente sano no es una aspiración abstracta ni un lujo reservado para las futuras generaciones. Es la condición que hace posible el ejercicio de todos los demás derechos. Proteger la naturaleza no significa elegir entre desarrollo y conservación; significa reconocer que sin ecosistemas sanos no existe bienestar, justicia social ni futuro posible.
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