Nueva Ley busca que comunidades indígenas y afromexicanas ejerzan sus derechos con plena autonomía
Por Alejandro Castañeda
Morelia, Michoacán, 30 de junio de 2026.-Durante décadas, los pueblos indígenas y afromexicanos han exigido que el Estado deje de verlos únicamente como beneficiarios de programas sociales y los reconozca como autoridades con personalidad jurídica propia. La propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que hace el gobierno federal, “busca materializar ese cambio histórico al establecer mecanismos concretos para ejercer la libre determinación, administrar recursos y fortalecer su autonomía”.
Uno de los cambios más relevantes consiste en que los pueblos y comunidades reconocidos como sujetos de derecho público podrán recibir y administrar directamente recursos públicos, ejecutar obras comunitarias, prestar servicios y gestionar su patrimonio, fortaleciendo así sus formas propias de gobierno y organización.
Asimismo, la iniciativa incorpora el reconocimiento de la medicina tradicional y la partería como parte de un modelo de atención intercultural, obligando a que los servicios de salud respeten los conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas y afromexicanos.
El proyecto fortalece el derecho a una educación intercultural y plurilingüe, donde las lenguas originarias, la historia y los conocimientos comunitarios formen parte del proceso educativo, contribuyendo a preservar la diversidad cultural del país.
Cuando una medida o proyecto sometido a consulta genere ganancias económicas, la propuesta reconoce el derecho de los pueblos y comunidades a recibir beneficios justos y equitativos, que pueden incluir regalías, utilidades, participación accionaria, infraestructura comunitaria y aportaciones a fondos de desarrollo comunitario y regional. Incluso podrán asociarse con los promoventes de los proyectos en condiciones de igualdad.
La iniciativa también fortalece el derecho de las comunidades a establecer y administrar medios de comunicación comunitarios, acceder al espectro radioeléctrico y utilizar tecnologías digitales para difundir información en sus propias lenguas y desde su propia visión del mundo.
El proyecto contempla responsabilidades administrativas, sanciones, delitos y mecanismos de defensa para proteger los derechos colectivos. Entre ellos destacan medidas contra el robo del patrimonio cultural, así como procedimientos para la restitución de bienes culturales y el acceso al juicio de amparo indígena y afromexicano.
Si la iniciativa es aprobada por el Congreso, “México daría un paso trascendental para convertir en realidad el mandato del nuevo artículo 2° constitucional. Más que ampliar un catálogo de derechos, la propuesta busca reconocer que los pueblos indígenas y afromexicanos son actores fundamentales de la vida pública nacional, con capacidad para decidir sobre su territorio, su cultura, su patrimonio y su propio futuro”, destaca el gobierno federal.
Dicha propuesta fue elaborada con el acompañamiento de un comité técnico y la participación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, y será sometida a un amplio proceso de consulta en asambleas regionales.
