Cuando la tierra también merece ser protegida: economía circular y el derecho humano a un ambiente sano

 Cuando la tierra también merece ser protegida: economía circular y el derecho humano a un ambiente sano

Por Alejandro Castañeda

Durante muchos años organizamos nuestra relación con la naturaleza bajo una lógica sencilla: extraer, fabricar, consumir y desechar. Ese modelo lineal impulsó el crecimiento económico, pero también dejó una enorme factura ambiental. Hoy sabemos que cuando un río se contamina, un bosque desaparece o un relleno sanitario afecta a una comunidad, no solo se deteriora el medio ambiente: también se vulneran derechos humanos.

Una reciente publicación de UNAM Global, basada en los planteamientos del investigador emérito Jorge Witker, invita a mirar la economía circular desde una perspectiva distinta. No se trata únicamente de reciclar más o generar menos residuos. Se trata de cambiar la forma en que producimos y consumimos para evitar que el daño ocurra desde el origen. En lugar de reparar después, la propuesta es prevenir antes.

Aunque parezca una discusión técnica, sus efectos son profundamente humanos. Los impactos ambientales casi nunca se distribuyen de manera equitativa. Los tiraderos clandestinos, los rellenos sanitarios, las descargas contaminantes o la degradación de los bosques suelen afectar con mayor intensidad a comunidades rurales, indígenas y zonas con menos recursos para defender sus derechos.

En Michoacán esa realidad resulta evidente. Las comunidades p'urhépecha de la región del Lago de Pátzcuaro han denunciado durante décadas el deterioro del lago, la contaminación de sus afluentes y la pérdida de sus bosques. No se trata únicamente de un problema ecológico. Está en juego su alimentación, su economía, su cultura y su relación histórica con el territorio.

Por ello, el derecho a un medio ambiente sano ocupa hoy un lugar central en la protección de los derechos humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sostenido que un ambiente sano es indispensable para ejercer otros derechos, como la salud, el acceso al agua, la alimentación, la vivienda digna e incluso la identidad cultural de los pueblos indígenas. Cuando las autoridades permiten que la contaminación avance o posponen las soluciones, no solo incumplen una responsabilidad ambiental; también dejan de proteger derechos fundamentales.

Vista desde esa perspectiva, la economía circular deja de ser una estrategia exclusiva para las empresas o una etiqueta de sustentabilidad. Se convierte en una herramienta de justicia social. La pregunta ya no es únicamente cuánto reciclamos, sino quién toma las decisiones, quién obtiene los beneficios de la producción, quién soporta los costos ambientales y quién recibe la protección de la ley.

En México comienzan a observarse avances. Las acciones para la recuperación del Lago de Pátzcuaro y diversos proyectos impulsados en el marco del Plan Michoacán muestran que la restauración ambiental puede entenderse también como una política de derechos humanos. Sin embargo, ninguna estrategia será suficiente sin la participación de la ciudadanía, comunidades bien informadas y un periodismo dispuesto a formular las preguntas incómodas: ¿a quién beneficia esta política?, ¿a quién protege realmente esta ley?, ¿quién sigue pagando los costos del deterioro ambiental?

Al mismo tiempo, en distintas partes del mundo cobra fuerza una idea que hasta hace poco parecía impensable: reconocer que la naturaleza merece una protección reforzada e, incluso, que puede ser considerada sujeto de derechos. Más allá del debate jurídico, el mensaje es claro: la vida humana depende del equilibrio de los ecosistemas.

Quizá el mayor desafío no sea cambiar las leyes, sino cambiar nuestra forma de entender el desarrollo. La economía circular y la justicia ambiental nos recuerdan que cuidar la naturaleza no significa frenar el progreso, sino hacerlo compatible con la dignidad humana y con el bienestar de las generaciones futuras.

Los pueblos originarios de Michoacán han transmitido esa enseñanza desde hace siglos. Su relación con la tierra parte de una convicción sencilla, pero profundamente vigente: cuidar el territorio es cuidar la vida. Y mientras no asumamos esa verdad como sociedad, será difícil hablar de derechos humanos plenamente garantizados.