Turismo comunitario: la infraestructura debe traducirse en derechos
Por Alejandro Castañeda
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció una inversión de 300 millones de pesos para mejorar la infraestructura turística de Michoacán. La noticia llega en buen momento: el estado vive un auge como destino turístico, y esta inversión puede demostrar que el turismo sirve para mejorar la vida de las personas, no solo para atraer más visitantes.
Durante mucho tiempo, el turismo en México se midió por el número de hoteles llenos y turistas que llegaban. Ese modelo trajo crecimiento económico, pero también desigualdad. Muchas comunidades compartieron su naturaleza, su cultura y su historia sin recibir nada a cambio.
Hoy ese enfoque está cambiando. Organismos como la ONU y la Organización Mundial del Turismo dicen que el turismo debe ayudar a proteger los derechos humanos, reducir la pobreza, cuidar el ambiente y fortalecer a las comunidades. Ya no basta con que un lugar sea bonito o visitado: quienes cuidan los bosques, hablan las lenguas originarias, hacen las artesanías o mantienen vivas las tradiciones también deben beneficiarse.
Por eso es importante que parte de la inversión de Fonatur se destine al turismo comunitario en municipios y comunidades indígenas de Michoacán. Mejorar muelles, calles, accesibilidad y cocinas tradicionales puede ayudar a fortalecer economías locales, siempre que las comunidades sean protagonistas y no solo un atractivo para los turistas.
El turismo comunitario no es solo recibir visitantes. Es reconocer que los pueblos tienen derecho a decidir cómo compartir su cultura, cómo usar su territorio y cómo repartir las ganancias. Es una forma de ejercer el derecho a decidir su propio futuro, a un trabajo digno, a su identidad cultural y a participar en las decisiones que los afectan.
Michoacán tiene una gran ventaja: sus pueblos originarios han conservado, por generaciones, una riqueza cultural enorme que sigue viva en sus fiestas, su comida, su música, sus artesanías y la defensa de su territorio. Esa diversidad es el mayor atractivo turístico del estado, pero también es un patrimonio que merece respeto y cuidado.
Sin embargo, la inversión pública, por sí sola, no resuelve las desigualdades de siempre. El riesgo es que el turismo comunitario se quede solo en el discurso, mientras las decisiones se sigan tomando desde las oficinas de gobierno o las ganancias terminen en manos de grandes empresas turísticas.
Hay retos que no se pueden ignorar: hacer consultas reales a las comunidades; asegurar que las cooperativas, artesanas, cocineras y guías locales tengan acceso a financiamiento, capacitación y promoción; cuidar los recursos naturales frente al crecimiento sin control; y crear formas claras de evaluar el impacto social de cada obra.
También hace falta que la nueva infraestructura vaya acompañada de políticas permanentes de movilidad, seguridad, conectividad, saneamiento y servicios públicos. De poco sirve construir espacios turísticos si las comunidades siguen sin lo básico, o si los jóvenes siguen viendo en la migración su única opción.
La inversión de Fonatur es una oportunidad que va más allá de construir muelles, plazas o senderos. Puede ayudar a construir un modelo donde el turismo fortalezca los derechos humanos, reduzca la desigualdad y reconozca a las comunidades como verdaderas protagonistas de su desarrollo.
El éxito de estas obras no se medirá el día de la inauguración ni con el número de turistas que lleguen. Se medirá en unos años, cuando quienes han cuidado los bosques, los lagos, las tradiciones y el patrimonio de Michoacán vivan mejor, participen en las decisiones y reciban una parte justa de la riqueza que generan. Solo entonces el turismo comunitario dejará de ser un discurso para convertirse en una política real al servicio de la dignidad humana.
