Recuperar el Lago de Pátzcuaro también es defender derechos: comunidades indígenas, protagonistas de una política ambiental
Por Alejandro Castañeda
Recuperar el Lago de Pátzcuaro significa mucho más que retirar azolve, rehabilitar manantiales o limpiar canales. Para las comunidades indígenas que habitan su ribera, significa defender una fuente de vida, trabajo, alimentación, identidad cultural y comunicación que durante generaciones ha formado parte de su existencia.
Desde esta perspectiva, el programa de Empleo Temporal que incorporó a hombres y mujeres de 40 comunidades indígenas de la ribera puede ser leído como una política pública con una dimensión de derechos humanos: las propias comunidades participan directamente en la recuperación del territorio del que dependen.
Después de 23 semanas de trabajo continuo, el programa reporta el retiro de 133 mil metros cúbicos de azolve, intervención en 79 manantiales y trabajos de desazolve y mantenimiento en los canales de Chapultepec, Erongarícuaro, Jarácuaro, Ihuatzio, Las Garzas y Tócuaro.
También se construyeron 280 presas de morillos, 78 presas de piedra acomodada y 400 zanjas filtrantes, además de 4 mil 500 metros de acordonamiento vegetal para favorecer la retención de sedimentos y la recarga de los mantos freáticos.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha destacado que el lago representa pesca, comunicación para las islas, medio ambiente, turismo y economía para la región. El planteamiento permite entender que su recuperación tiene efectos directos sobre diversos derechos y no solamente sobre la conservación de un ecosistema.
La propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha señalado que recuperar el lago contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades que dependen de él, vinculando el saneamiento con el bienestar, la salud y la protección del patrimonio cultural y ambiental.
Una investigación reciente sobre la comunidad purépecha de San Jerónimo Purenchécuaro, realizada por Blanca Ireri Camacho Carrasco y Ramsés Tzintzun Baca, documenta la relación entre el deterioro ecológico de la cuenca y la afectación de derechos colectivos como el acceso al agua, la alimentación, los recursos naturales y la identidad cultural. El estudio recurrió a investigación-acción participativa y diálogo de saberes, precisamente para colocar a la comunidad como protagonista del conocimiento sobre su propio territorio.
Ese enfoque resulta fundamental. La recuperación del lago difícilmente será sostenible si las comunidades son consideradas únicamente como beneficiarias de los programas públicos. Deben ser participantes, vigilantes y tomadoras de decisiones sobre el futuro de la cuenca.
La experiencia internacional y los criterios de organismos especializados de Naciones Unidas también apuntan en esa dirección: los pueblos indígenas tienen una relación particular con el agua y sus territorios, y su participación efectiva en las decisiones ambientales es indispensable para construir soluciones sostenibles.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido igualmente que cuando decisiones relacionadas con el agua o el medio ambiente pueden afectar directamente a comunidades indígenas, debe garantizarse su participación y consulta previa, libre e informada. La Corte ha reconocido además la estrecha relación entre territorio, agua, medio ambiente, cultura e identidad de los pueblos originarios.
Por ello, el programa de empleo temporal puede representar algo más que una fuente de ingresos durante las labores de restauración. Puede convertirse en una forma de participación comunitaria en la protección de un bien común, siempre que se mantenga el diálogo con las comunidades y se reconozcan sus conocimientos y formas de organización.
Desazolvar canales y recuperar manantiales es indispensable, pero también lo es detener las causas que deterioran la cuenca: contaminación, pérdida de cobertura forestal, erosión, descargas de aguas residuales y sobreexplotación de los recursos.
El rescate del Lago de Pátzcuaro, por tanto, debe medirse no sólo en metros cúbicos de azolve retirado o árboles plantados, sino también en derechos recuperados y en la capacidad de las comunidades para seguir viviendo dignamente de su territorio.

