miércoles, 2 de septiembre de 2026

El proyecto de Reforma Procesal Penal abonará a cerrar la puerta a la impunidad: Hugo Gama Coria

 El proyecto de Reforma Procesal Penal abonará a cerrar la puerta a la impunidad: Hugo Gama Coria 



Morelia, Michoacán, 2 de septiembre de 2026.- “El proyecto de Reforma Procesal

Penal: Identidad protegida de víctimas, denunciantes y testigos, tiene una relevancia

estatal y nacional, porque busca fortalecer nuestra capacidad para procurar e impartir

justicia, particularmente frente a uno de los mayores retos del proceso penal:

garantizar que las víctimas, denunciantes y testigos puedan participar en los

procedimientos sin poner en riesgo su integridad”, así lo expresó el magistrado

presidente Hugo Gama Coria, durante la presentación de la iniciativa impulsada por el

Poder Ejecutivo Estatal y desarrollado en conjunto con el Poder Judicial de Michoacán,

Fiscalía General, Secretaría de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica.

Gama Coria señaló que la relevancia de este proyecto de enmienda radica en que se

atiende un problema que incide directamente en la capacidad del Estado para

investigar y sancionar los delitos. Manifestó que esta reforma representa una

herramienta para fortalecer el trabajo que diariamente realizan juezas y jueces, al

proporcionarles mayores instrumentos para que los procesos penales puedan avanzar

hasta resoluciones de fondo. “El propósito es que en Michoacán y en todo el país, la

justicia avance con mayor fortaleza y que la impunidad no encuentre una puerta de

salida”, afirmó.

Ante la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el magistrado presidente

aseguró que “no se trata de debilitar los derechos de las partes, sino de generar las

condiciones para que quienes aportan elementos fundamentales a una investigación y

a un proceso penal puedan hacerlo con seguridad”, con el claro objetivo de evitar que

las amenazas o el miedo provoquen que una víctima o un testigo se retire del proceso

y que, por esa razón, un asunto no pueda prosperar.

Por su parte, la magistrada presidenta sustituta, Laura Elena Alanís García, refirió que

el proyecto plantea una protección reforzada de la identidad de la víctima o testigo,

que inicie desde la denuncia o primera intervención hasta el desahogo de la prueba en

la etapa de juicio oral, y que para ello se contemplan mecanismos tecnológicos para la

distorsión de imagen, voz u otros elementos de identificación, así como protocolos de

actuación para policías y fiscalías.

Alanís García también señaló que se fortalece el control judicial mediante un esquema

de dos instancias, es decir, la determinación del juez de control podrá ser revisada por

una magistratura a través del recurso de apelación. Con ello, se busca garantizar la

protección de identidad y la comparecencia a juicio sin menoscabar de manera

desproporcionada los derechos de la persona acusada ni los principios del sistema


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penal acusatorio, con pleno respeto a la Constitución, los derechos humanos y las

garantías de las partes.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expuso que el proyecto será enviado al

Congreso del Estado, con la posibilidad de que el Legislativo local haga uso de sus

atribuciones para remitir esta propuesta al Congreso de la Unión y que a la par, hará

llegar la iniciativa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de que

pueda ser retomada como una propuesta del Gobierno Federal.

El evento contó con la presencia del secretario de Seguridad Pública del Estado José

Antonio Cruz Medina, quien también hizo uso de la palabra; del diputado presidente de

la Mesa Directiva del Congreso Baltazar Gaona García; el secretario de Gobierno Raúl

Zepeda Villaseñor; de la vicefiscal de Delitos de Alto Impacto María Cristina Guzmán

Gutiérrez; el Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Camerino Roa

Vidal, y del Teniente de Infantería Israel Carlos González del Décimo segundo Batallón

de Infantería en representación de la 21ª Zona Militar.

Asimismo, de magistradas, magistrados, juezas, jueces, servidoras y servidores

públicos del Poder Judicial, integrantes de la defensoría pública y de diversas

instituciones relacionadas con la procuración e impartición de justicia.

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