Pátzcuaro fortalece una política pública de búsqueda
Por Alejandro Castañeda
La desaparición de una persona no puede depender de la reacción de una autoridad ante cada caso ni de la voluntad de una administración. Requiere instituciones permanentes, coordinación y, sobre todo, una respuesta cercana a las familias que enfrentan una de las formas más dolorosas de vulneración de los derechos humanos.
En Pátzcuaro, esta perspectiva comenzó a tomar forma en agosto de 2025 con la creación de la Célula Municipal de Búsqueda de Personas, considerada la primera de su tipo en Michoacán. A un año de su puesta en marcha, el municipio reporta la localización con vida de más de 70 personas, además de la atención de casos relacionados con desapariciones voluntarias y secuestro virtual.
Más allá de las cifras, la existencia de esta instancia representa un cambio importante: acercar la respuesta institucional al territorio, reducir tiempos y establecer un vínculo más directo con las familias.
La desaparición no afecta únicamente a quien se encuentra ausente. También transforma la vida de sus familiares, quienes enfrentan incertidumbre, desgaste emocional, dificultades económicas y, en muchos casos, largos procesos institucionales para obtener respuestas.
Por ello, una política pública de búsqueda debe ir más allá de localizar personas. También implica acompañar a las familias, facilitar la denuncia, mantener comunicación institucional y garantizar seguimiento a cada caso.
Durante el último año, la Célula reportó 48 apoyos a colectivos, 28 pegas de cédulas de búsqueda y 21 canalizaciones al Ministerio Público. Asimismo, mantiene coordinación con colectivos de madres buscadoras, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado.
Esta coordinación es fundamental. Ninguna institución puede enfrentar por sí sola la complejidad de las desapariciones, y las familias no deberían tener que recorrer solas el laberinto institucional en busca de respuestas.
Desde una perspectiva de derechos humanos, buscar a una persona desaparecida no es un favor de las autoridades. Es una obligación institucional vinculada con el derecho de las víctimas y sus familias a la verdad, la justicia y a conocer el paradero de sus seres queridos.
Por ello resulta especialmente relevante el planteamiento del alcalde Julio Arreola de fortalecer la Célula y garantizar su permanencia más allá de la actual administración. Las desapariciones no tienen tiempos políticos ni terminan cuando concluye un gobierno.
Una política de derechos humanos requiere precisamente instituciones que trasciendan a las personas y a los periodos de gobierno.
Existe, además, una dimensión que no debe quedar fuera: la memoria. El proyecto impulsado junto con el colectivo “Buscando tus Pasos” para construir un memorial dedicado a las víctimas puede contribuir a mantener presente una realidad que no debe normalizarse.
Un memorial no sustituye la búsqueda ni la investigación. Pero puede recordar que detrás de cada expediente existe un nombre, una historia, una familia y una comunidad que espera.
La experiencia de Pátzcuaro muestra que los municipios también pueden desempeñar un papel relevante en la protección de derechos, particularmente por su cercanía con las comunidades. El desafío es convertir esa capacidad en una política institucional permanente, con personal capacitado, protocolos y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Porque cuando una persona desaparece, el Estado no puede desaparecer también.
La obligación de buscar permanece, más allá de los gobiernos y de los ciclos políticos, hasta conocer la verdad y dar respuesta a quienes siguen esperando.
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