Atención digna y sin estigmas, clave para garantizar el derecho a la salud mental en Michoacán
Por Alejandro Castañeda
Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- El estigma, los prejuicios y la discriminación representan barreras para que las personas busquen atención en salud mental, mantengan sus tratamientos y participen en las decisiones relacionadas con su bienestar. Frente a esta realidad, la Ley de Salud Mental de Michoacán incorpora disposiciones para fortalecer una atención centrada en la dignidad humana y el respeto a los derechos de las personas.
Las modificaciones a los artículos 47, 51 y 53 de la legislación estatal, aprobadas por la 76 Legislatura del Congreso local, establecen criterios para garantizar un trato respetuoso, promover una comunicación clara y fortalecer la capacitación del personal que brinda servicios de salud mental.
Uno de los aspectos relevantes es que la atención debe estar libre de estigmatización, discriminación y prejuicios relacionados con la condición de salud mental de las personas usuarias. La disposición también contempla el uso de un lenguaje accesible y comprensible, indispensable para que pacientes y familiares puedan entender la información que reciben.
La importancia de estas medidas radica en que los prejuicios pueden generar temor al rechazo, aislamiento social y desconfianza hacia las instituciones. Cuando una persona enfrenta estas barreras, puede retrasar la búsqueda de ayuda o encontrar dificultades para expresar sus necesidades y comprender las alternativas de atención disponibles.
Otro componente es la capacitación continua de los servidores públicos y profesionales de la salud mental, que deberá incluir contenidos sobre trato empático y digno, comunicación efectiva, derechos humanos y prevención de prácticas discriminatorias, coercitivas o estigmatizantes.
La formación del personal busca fortalecer una atención que no se limite a los aspectos clínicos, sino que también considere la escucha, el respeto a la autonomía y las circunstancias particulares de cada persona. La confianza entre pacientes y profesionales constituye un elemento importante para favorecer la continuidad de la atención.
Las disposiciones también ponen de relieve la necesidad de prevenir prácticas que vulneren la dignidad de quienes solicitan servicios de salud mental. Un diagnóstico no debe convertirse en motivo de exclusión ni justificar un trato que desconozca los derechos de las personas.
El desafío consiste ahora en traducir estas disposiciones en prácticas cotidianas dentro de los servicios de salud, mediante programas de capacitación efectivos y una atención que permita a las personas expresar sus necesidades sin temor a ser juzgadas.
Reconocer la salud mental como parte integral del bienestar implica también combatir los prejuicios sociales y generar entornos familiares, educativos, laborales e institucionales en los que pedir ayuda sea una decisión respetada y no motivo de vergüenza o discriminación.
