Asesinato de Carlos Manzo fue político y la FGR debió investigar desde el inicio: Tafolla

URUAPAN 01/11/2026

 

Asesinato de Carlos Manzo fue político y la FGR debió investigar desde el inicio: Tafolla

 

+El diputado del Sombrero cuestionó la actuación de las autoridades y exigió a los partidos políticos depurar sus filas ante presuntos vínculos con el crimen organizado.

 

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

 

Uruapan, Michoacán, domingo 1 de noviembre de 2026.- A un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla sostuvo que el homicidio del expresidente municipal de Uruapan tuvo un trasfondo político y cuestionó que la Fiscalía General de la República (FGR) no asumiera las investigaciones desde el principio. "A ver, nosotros desde un principio dijimos que este es un tema político", afirmó.

 

El legislador del Movimiento del Sombrero consideró que la intervención de organizaciones criminales ameritaba la participación inmediata de las autoridades federales. "La carpeta de investigación la debió de haber atraído la Fiscalía General de la República desde un inicio", declaró.

 

Respecto a las posibles líneas de investigación, incluido el entorno cercano del exalcalde, señaló que corresponde a la Fiscalía determinar las diligencias necesarias.

 

Bautista Tafolla también lanzó fuertes críticas contra los partidos políticos, a los que acusó de permitir presuntos vínculos con la delincuencia organizada. "No me refiero nada más a Morena, me refiero a todos los partidos políticos", expresó, antes de exigir: "Limpien sus filas, estamos hasta la madre de la delincuencia".

 

El diputado cuestionó además que, a su juicio, se requiera presión extranjera para actuar contra personas relacionadas con actividades criminales. "Y eso no es traición a la patria, eso es porque aquí no están haciendo el trabajo que les corresponde hacer", sostuvo.

 

Sus declaraciones ocurren cuando las investigaciones por el asesinato de Manzo registran más de 30 detenciones, incluidos presuntos autores intelectuales, mientras el legislador mantiene su postura sobre el posible móvil político del crimen.