Michoacán frente al envejecimiento: más protección, autonomía y justicia social

 Michoacán frente al envejecimiento: más protección, autonomía y justicia social

Por Alejandro Castañeda

Morelia, Michoacán, 06 de noviembre de 2026.-La edad no debe convertirse en una razón para restringir derechos, desconocer la voluntad de las personas o limitar su participación en las decisiones que afectan sus vidas. Este planteamiento, expuesto por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cobra relevancia en Michoacán, donde más de 596 mil personas tienen 60 años o más, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 retomados por el Sistema DIF estatal.

Durante el ciclo de conferencias “Derechos, protección y cuidado de las personas adultas mayores”, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, Rodrigo Brito Melgarejo, jefe de la División de Estudios de Posgrado, señaló que una sociedad comprometida con los derechos humanos debe generar condiciones para que todas las personas vivan con dignidad, seguridad y autonomía, independientemente de su edad.

La académica Elva Cárdenas Miranda advirtió, por su parte, que las personas mayores continúan enfrentando discriminación y exclusión, particularmente cuando dejan de ser consideradas económicamente productivas.

La necesidad de fortalecer las políticas de atención en Michoacán

En Michoacán, las estadísticas muestran algunas de las condiciones que hacen necesario fortalecer las políticas de atención. Información sobre la pobreza multidimensional 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que 29.5 por ciento de la población de 65 años y más se encontraba en situación de pobreza. 

El contexto estatal también presenta importantes carencias sociales. En 2024, 46.1 por ciento de la población michoacana registró carencia por acceso a servicios de salud y 61.2 por ciento por acceso a la seguridad social. Aunque estos porcentajes corresponden a la población general y no exclusivamente a las personas mayores, permiten dimensionar el entorno de vulnerabilidad en el que una parte de este sector llega a la vejez.

A ello se suman situaciones de violencia y abandono. Según información del DIF Michoacán, durante 2025 la Procuraduría de la Defensa y Representación del Adulto Mayor atendió 417 asesorías jurídicas y administrativas, entre las que predominó la violencia familiar. También realizó 65 representaciones judiciales y 37 mediaciones entre personas mayores y sus familiares.

Avances en el marco jurídico estatal

En julio de 2026, el Congreso de Michoacán informó sobre una reforma a la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado, con la incorporación de conceptos como ajustes razonables, abandono, cuidados paliativos, consentimiento libre e informado y maltrato institucional.

También se establecieron como principios rectores la dignificación, la atención preferente y el enfoque de curso de vida. Entre las disposiciones anunciadas se encuentra la creación de áreas de atención en los Centros Multidisciplinarios para la Atención Integral de las Personas Mayores en el ámbito municipal, con servicios médicos, psicológicos, jurídicos y sociales.

Estas disposiciones se suman al marco nacional de protección, particularmente al artículo 1º constitucional, que prohíbe la discriminación por edad y obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El desafío, sin embargo, no termina con el reconocimiento legal. Se requiere que las normas se traduzcan en servicios de salud accesibles, sistemas de cuidados, pensiones suficientes, espacios públicos adecuados, protección frente a la violencia y oportunidades reales de participación social.

La vejez no debe asociarse automáticamente con incapacidad, dependencia o pérdida de autonomía. Las personas mayores tienen derecho a decidir sobre su vida, expresar su voluntad y participar en la comunidad, sin que su valor social dependa de su capacidad para trabajar o producir ingresos, advierten especialistas.

El envejecimiento de la población representa un reto demográfico, institucional y social que exige políticas públicas integrales. Garantizar los derechos de quienes hoy son personas mayores también significa construir condiciones de dignidad para las generaciones que transitarán por esa misma etapa de la vida, puntualizan.