Antonio García presenta iniciativa sobre Deuda Pública
• A través
del Banco de México se analizarían las circunstancias por las que el Poder
Ejecutivo podría contratarla
Morelia, Michoacán a 11 de abril de 2019.- Al ser el
desarrollo económico una prioridad, Antonio García, Senador de la República,
presentó una iniciativa para que el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda
Pública, contemple el análisis del Banco de México, sobre las circunstancias
económicas extraordinarias que imperan en el país previo a la contratación, así
como el mecanismo de endeudamiento, y la capacidad de pago de esta.
Indicó que actualmente la deuda externa de México, se
encuentra a niveles que hoy ponen en un serio riesgo la estabilidad y la
perspectiva de desarrollo de nuestro país, ya que, conforme a cifras
provenientes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la deuda neta al
cierre de enero de 2019 se ubicó en 10 billones 800.6 mil millones de pesos.
“Hemos observado un crecimiento importante en los últimos
años, debido a diversos factores económicos que ha llevado a la necesidad de
cubrir el déficit presupuestario a través del financiamiento. Por ello, no
debemos dejar de poner atención a fin de prevenir un mayor endeudamiento”.
Antonio García
expuso, que independientemente de que se debata si los préstamos adquiridos por
el país a lo largo de su historia fueron bien aprovechados o no, o si pudieron
contratarse en mejores términos; en este momento representan una carga
financiera que dificulta el diseño de cualquier política de desarrollo en el
país y que constituyen un riesgo latente de estabilidad económica y social.
Añadió que la contratación e incremento de la deuda tiene
una constante y son las enormes facultades que aún conserva el Presidente de la
República, para definir la política de endeudamiento con una intervención
limitada del Poder Legislativo, por lo que el Banco de México, debe intervenir
mediante una opinión en el momento que el Ejecutivo Federal pretenda contratar
mayor deuda pública, y con ello establecer un proceso de corresponsabilidad
entre un órgano autónomo técnico y el Ejecutivo Federal.