MORELIA 19/10/22
Logra FGE de acuerdo reparatorio por el delito de
receptación
RED 113 MICHOACÁN/Redacción
Morelia, Michoacán, a 19 de octubre de
2022.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE)
logró mediante un acuerdo reparatorio, el pago por concepto de reparación del
daño a favor de una compañía de seguros víctima del delito de receptación,
cometido en esta ciudad en el 2021.
El 6 de julio del año en cita, Jaime “N” circulaba a
exceso de velocidad, haciendo maniobras indebidas por la avenida Amalia
Solórzano de la colonia El Durazno, en esta ciudad, a bordo de una camioneta
marca Ranger, tipo Pick up, color blanco.
En un momento determinado, fue visto por elementos
policiales, quienes le dieron alcance y le advirtieron que condujera con
precaución, instrucción a la que hizo caso omiso y por el contrario aceleró la
unidad, lo que provocó que fuera detenido sobre la misma avenida, a la altura
de la calle Miguel Hidalgo.
Acto seguido, se le solicitó la documentación para
acreditar la propiedad, pero al no poder hacerlo, se llevó a cabo una
inspección, mediante la que se estableció que la unidad contaba con reporte de
robo con fecha 7 de agosto del 2018, en Zamora, por lo que fue asegurado.
Jaime “N”., fue puesto a disposición del agente del
Ministerio Público de la Unidad Contra el Robo de Vehículos de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, que tras iniciar la
Carpeta de Investigación lo condujo ante el Juez de Control, quien, luego de
valorar los datos de prueba aportados, resolvió vincularlo a proceso y decretó
un mes de plazo para la investigación complementaria.
Una vez que se analizó el caso, las partes
intervinientes establecieron la posibilidad de dar solución a su conflicto
mediante una salida alterna por lo que se les informó de la posibilidad de
suscribir un acuerdo de cumplimiento diferido, mismo que fue aprobado por la autoridad
jurisdiccional.
El Artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos
Penales (CNPP), establece que los acuerdos reparatorios son aquellos celebrados
entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el
Ministerio Público o el Juez de Control, y cumplidos en sus términos, tienen
como efecto la extinción de la acción penal.