Obras que se convierten en derechos: el verdadero balance del quinto año de Bedolla

 Obras que se convierten en derechos: el verdadero balance del quinto año de Bedolla

Por Alejandro Castañeda

El Quinto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla presenta una cifra que resume buena parte de su administración: 31 mil millones de pesos destinados a 4 mil 203 obras públicas. Pero más allá del volumen de la inversión, el balance de un gobierno debería responder una pregunta más profunda: ¿cuánto de ese gasto público se convirtió realmente en derechos, bienestar y dignidad para la población?

La pregunta no es menor. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que los presupuestos públicos tienen una relación directa con la realización de los derechos y que deben evaluarse bajo criterios de transparencia, rendición de cuentas, participación y no discriminación. 

Desde esa perspectiva, algunas de las acciones reportadas por el gobierno estatal adquieren una dimensión que va mucho más allá de la obra física.

Los 2 mil 980 kilómetros de carreteras rehabilitadas pueden significar para comunidades rurales algo tan elemental como poder llegar a una escuela, un hospital, un centro de trabajo o un mercado. La infraestructura, cuando reduce el aislamiento territorial, puede convertirse en una condición para ejercer otros derechos.

En educación, los más de 842 mil estudiantes beneficiados con becas, junto con la rehabilitación de planteles y el fortalecimiento presupuestal de la Universidad Michoacana, se relacionan directamente con el derecho a la educación. UNESCO recuerda que este es un derecho humano fundamental y advierte que las poblaciones rurales, indígenas y otros grupos históricamente desfavorecidos enfrentan mayores barreras para ejercerlo.

En salud, la red estatal reporta 28 hospitales y 366 unidades médicas, además de la incorporación de tecnología para diagnóstico y tratamiento oncológico. Aquí el desafío es particularmente exigente: como ha señalado Naciones Unidas, el derecho a la salud no se agota en construir infraestructura; requiere personal suficiente, medicamentos, servicios accesibles y atención de calidad. 

Otro capítulo especialmente relevante son los 127 Centros LIBRE, con presencia en 105 municipios y 22 comunidades indígenas, donde se ofrecen servicios psicológicos, jurídicos y de trabajo social. Esto coincide con el enfoque de ONU Mujeres, que plantea que la respuesta a la violencia contra las mujeres debe articular salud, servicios sociales, policía y justicia.

También merece atención la política hacia los pueblos originarios: el gobierno reporta 129 comunidades indígenas reconocidas y 49 con presupuesto ejercido directamente. La CNDH reconoce que la autonomía y libre determinación forman parte de los derechos de los pueblos indígenas. En Michoacán, además, el modelo de autogobierno permite que las propias comunidades decidan sobre obras y prioridades presupuestales. 

Ahí aparece quizá la parte más interesante del informe: una obra pública no se vuelve automáticamente un derecho por el simple hecho de construirse. Se convierte en instrumento para ejercer derechos cuando es accesible, funciona, llega a quienes más lo necesitan y puede ser evaluada por la sociedad.

Por eso, el balance de estos cinco años no debería reducirse ni a celebrar las cifras ni a negar los avances. El parámetro más exigente está en otra parte: qué tanto las inversiones redujeron desigualdades, ampliaron oportunidades y permitieron que más personas ejercieran efectivamente sus derechos.

El reto para el tramo final de la administración será precisamente ese: que las obras no sean solamente patrimonio material del estado, sino infraestructura social al servicio de la dignidad humana. Y que los pendientes se midan con la misma seriedad que los logros.