RECLUTAMIENTO DE ADOLESCENTES POR EL CRIMEN ORGANIZADO
-Necesidad y urgencia de una regulación en Michoacán-
Por Rosario Cerna, ex Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Michoacán. Actualmente coordinadora de ANNAM, litigante y catedrática universitaria.
Tan solo en nuestro estado habitan aproximadamente 498,954 adolescentes de entre 12 y 17 años, según datos oficiales del último Censo de Población y Vivienda del INEGI (2020), esto implica que las políticas gubernamentales deben orientarse a la elaboración de programas y generación de oportunidades para el apoyo de este sector, dado que será base de la vida productiva en nuestro estado, en un muy corto plazo.
Sin embargo, ninguna sociedad se ve exenta de problemáticas específicamente con los adolescentes: violencia entre pares -física, psicológica, en redes sociales, bullying-, uso de sustancias adictivas, embarazos, deserción escolar, depresión, entre varios más.
Y es precisamente esa problemática que, asociada muchas veces desde su origen con desintegración familiar, pobreza, migración, falta de oportunidades educativas y en general de información confiable que llegue directamente a los adolescentes, la que hace un campo fértil y rentable para las organizaciones delictivas.
En Michoacán, sabemos que la presencia de al menos cinco cárteles del crimen organizado, requiere contar en sus filas con perfiles altamente capacitados, pero también, altamente manipulables, como lo son los adolescentes ¡sí!, a quienes captan incluso desde la edad de tan solo 12 años, para agregar a sus filas con promesas de grandes ingresos, esto en el mejor de los casos, pues en otros, son llevados a la fuerza aún en presencia de sus familiares. En estos días cualquier persona puede encontrar en redes sociales desgarradoras historias de adolescentes reclutados -o que se resisten a ello y son privados de la vida- que están llegando al grado de normalizarse cuando se conocen, esto, NO se debe permitir.
Una vez que son captados y reclutados, los adolescentes son empleados en labores de vigilancia, mensajería, transporte de bienes ilícitos o recolección de información. Posteriormente, en ocasiones, son incorporados a actividades de mayor riesgo, incluidas extorsiones, explotación sexual, tráfico de drogas, sicariato y otras formas de violencia; esto según la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha reconocido ha reconocido la magnitud de esta problemática a nivel regional.
¿Y qué se requiere para atacar el problema, específicamente en Michoacán?
Se requiere enfrentar el problema en forma sistemática, lo cual significa atender los puntos prioritarios: prevención, investigación y sanción penal a quienes realizan este tipo de conductas y ahí viene el reto actual, pues en Michoacán se debe tipificar de manera autónoma el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, para poder dar paso a una sanción efectiva y ejemplar, que proteja a nuestra adolescencia -incluso niñez-, que es víctima de estas terribles circunstancias, esto desde luego sin entrar en la discusión dogmática sobre el consentimiento o no del adolescente para integrarse a las filas criminales.
A nivel internacional, nuestro país y, por ende, nuestra entidad federativa, tiene la obligación de frenar las violaciones graves a derechos humanos, y el reclutamiento forzado de adolescentes es precisamente ello, una muy grave y delicada violación a los derechos humanos de un grupo vulnerable de nuestra población.
Por esos motivos, en este vigente periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado de Michoacán, debe de una vez por todas catalogarse el delito de Reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, como un primer paso en nuestra entidad, hacia la restitución de los derechos de las víctimas, tanto directas como indirectas, tal como ya lo han hecho otros estados como Hidalgo, Sinaloa y Jalisco, con sus propias normativas; lo anterior sin dejar de lado la urgencia de que también se legisle a nivel federal el mismo tipo penal, para armonizar la ley y no queden sin sanción aquéllos casos de delincuencia organizada que deban atenderse en el orden federal.
