MORELIA
01/12/17
+Tribunales de la entidad signan
convenio para aplicar la perspectiva de género en la impartición y
administración de justicia
Morelia,
Michoacán, 1 de diciembre de 2017.-
“La perspectiva de género se constituye como un referente axiológico
indispensable, tanto en la interpretación de la norma, como en su aplicación a
las controversias sometidas a la esfera competencial de las y los jueces”,
afirmó Marco Antonio Flores Negrete, presidente del Supremo Tribunal de
Justicia y del Consejo de Poder Judicial de Michoacán, en el marco de la firma
de convenio de adhesión al Pacto para introducir la perspectiva de género en
los órganos de impartición de justicia en México.
El documento también fue firmado
por Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Tribunal Electoral de Michoacán;
Griselda Lagunas Vázquez, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa;
Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje; y, Hill Arturo del Río Ramírez, presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje.
Como testigos de honor signaron:
Margarita Beatriz Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN); Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán; Armando I.
Maitret Hernández, secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia (AMIJ); Elsa Cordero Martínez, presidenta del Tribunal
Superior de Justicia de Tlaxcala y titular de la Unidad de Derechos Humanos e
Igualdad de Género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia
de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB); y, Fabiola Alanís Sámano, titular
de la Secretaria de Igualdad Sustantiva de las Mujeres Michoacanas.
Durante su intervención, Flores
Negrete señaló que la etapa actual que se vive de los derechos humanos demanda
integrar la vocación constitucional de igualdad real y el análisis
interpretativo con perspectiva de género, a las habilidades y técnicas que se
aplican en sede judicial; “es indispensable que la judicatura incorpore a la
subsunción, los mecanismos y las herramientas hermenéuticas que permitan
concretar no sólo el mandato constitucional de respeto a los derechos humanos,
sino la protección eficaz de los grupos más débiles”.
Reconoció que la firma de este convenio
representa un paso más en el conjunto de acciones que desde 2007 se han venido
implementando en materia de perspectiva de género en la judicatura local, ya
que desde esa fecha todos los cursos de formación para jueces de primera
instancia incluyen el estudio, análisis y enseñanza de técnicas de aplicación
de los instrumentos convencionales internacionales en el ámbito judicial, entre
los cuales, cabe destacar, ocupan un lugar preponderante los que abordan los
derechos de las mujeres.
Asimismo, “consolida y fortalece el
compromiso de quienes prestamos nuestros servicios en la judicatura michoacana
para ampliar nuestra visión y labor a favor de la mujer, incardinando la
perspectiva de género en el ejercicio de la función judicial que nos ha sido
encomendada por el Estado”.
Al tomar la palabra, la ministra
Luna Ramos refirió que Michoacán es la entidad 29 en sumarse a esta iniciativa
la cual “tiene antecedente en 2009 al interior de la AMIJ que conformó un grupo
de trabajo para crear una carta compromiso para que los tribunales del país
incluyeran la perspectiva de género. Es al mismo tiempo, un punto de partida
para tomar conciencia de la responsabilidad que tienen las y los juzgadores
para impartir justicia sin discriminación”.
Puntualizó que la desigualdad es
uno de los factores que dan lugar a la violencia de género “nuestro deber es
abonar al combate de la misma y hacer prevalecer los derechos humanos por igual
para hombres y para mujeres”. Detalló que la perspectiva de género implica
identificar e incorporar buenas prácticas en la impartición de justicia y
requiere de medidas que detecten los factores que colocan a la mujer en una
situación de desventaja.
Finalmente, Silvano Aureoles
expresó que el convenio es un importante esfuerzo de la SCJN y de los
tribunales del país que construye la ruta para introducir la perspectiva de
género en la impartición de justicia “se trata de sentar las bases para
modificar los patrones culturales que propician la desigualdad”.
Asimismo, enfatizó la necesidad de
eliminar el uso de estereotipos para disminuir la discriminación entre hombres
y mujeres, además de fortalecer las acciones de capacitación y educación en el
tema.
El objetivo del documento es
promover y desarrollar trabajos que permitan hacer efectivo el principio de
igualdad, así como garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los
derechos y libertades fundamentales. Además, expone conceptos y estrategias en
torno a la aplicación de la perspectiva de género tanto en el quehacer jurisdiccional
como en la vida institucional de los firmantes; además, delinea las medidas
necesarias para introducir la perspectiva de género en dichas instancias.