Logra Lucila Martínez que en Michoacán las penas por el delito de violencia familiar aumenten

 Logra Lucila Martínez que en Michoacán las penas por el delito de violencia familiar aumenten 



Quienes cometan delito de violencia familiar tendrán que ser sometidos a tratamiento


Se establece atención integral a las víctimas


En Michoacán con la reforma al Código Penal del Estado que propuso la diputada Lucila Martínez Manríquez y fue aprobada por el Pleno de la LXXIV Legislatura Local, se estableció que se tendrá que dar tratamiento al sujeto activo de violencia familiar y será remitido a tratamiento psicoterapéutico y se brindará atención integral a la víctima, además de que logró que se incrementen las penas para quienes cometan este delito.


La legisladora local expuso que en la reforma aprobada y publicada en el Periódico Oficial  mediante el decreto legislativo 337, en el que se adicionan los artículos 178 bis y 178 ter del Código Penal para Estado, se incluyeron agravantes para aumentar la pena hasta en una mitad cuando la violencia familiar se cometa en contra de mujeres embarazadas, adultos mayores de 60 años, menores de edad, y cuando la víctima tenga 3 meses después de haber parido o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.


Asimismo, se estableció que dentro de los supuestos que darán lugar a una pena agravada, está cuando las víctimas que no tienen capacidad para resistir el hecho y a las víctimas que lo sean durante emergencias como las que hoy vivimos, en las que la permanencia en el hogar no puede significar estar cautivo en una zona de riesgo.


Lucila Martínez expuso que, el artículo 178 bis del Código Penal quedó de la siguiente manera “el sujeto activo del delito de violencia familiar será remitido a tratamiento psicoterapéutico a través de instituciones públicas, cuyos servicios deberán ser integrales y especializados; dichas instituciones deberán informar periódicamente al juez sobre los avances del tratamiento. En todo momento, el Juez podrá ordenar las medidas necesarias para el cumplimiento de estas disposiciones”.


Además de que el Estado preverá lo necesario para que las víctimas del delito, accedan de manera gratuita a atención psicoterapéutica y a información para su protección y prevención.


Con las agravantes consideró que se manda una clara señal respecto a la repercusión de la violencia familiar en casos especiales, esto es, en los que las víctimas se encuentran en una situación vulnerable.


Recordó que de acuerdo con las estadísticas sobre delitos del fuero común reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el país los casos de violencia familiar han incrementado en un 12.4% con respecto al 2018, contabilizando desde luego únicamente los casos denunciados, pues debido a que sólo aproximadamente el 3% de las denuncias presentadas reciben un castigo, la cifra negra es extraordinaria, las cuales han incrementado de manera alarmante, más durante esta pandemia por el Covid-19.


Los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, reporta que el 88.4 por ciento de las mujeres que sufren algún tipo de violencia no denuncian, lo que abre un marco muy amplio para la impunidad del agresor y con ello para su reincidencia.

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